Víctimas de la asociación Infancia Robada, se han reunido con el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, en la sede de la CEE. En el encuentro le han pedido colaborar con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la investigación sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia Católica
Víctimas de la asociación Infancia Robada, se han reunido con el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, en la sede de la CEE. En el encuentro, que ha durado tres horas y media, han participado 15 víctimas pertenecientes a la asociación las cuales han pedido a Omella la colaboración con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la investigación sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia.
Al acabar la reunión, Ana Cuevas, miembro fundadora de Infancia Robada, ha explicado como han instado a Omella a "dar un paso al frente" siguiendo las directrices marcadas por el Papa Francisco, "abriendo los archivos" de la Iglesia y dando "toda la información necesaria para depurar responsabilidades".
De igual forma, ha trasladado como Omella se ha comprometido a estudiar su propuesta de cooperación en la investigación con el Defensor del Pueblo: "Lo va a estudiar, lo va a hablar también con el Papa y estamos un poco a la espera. Le hemos pedido que colabore con el Defensor del Pueblo porque para nosotros es la figura en la que realmente confiamos", ha apuntado.
Según ha explicado Cuevas, ven en el Defensor el "modelo adecuado" para realizar la investigación de forma "neutral, exhaustiva, transparente" y "con expertos".
"El Defensor del Pueblo para nosotros es la figura en la que realmente confiamos"
En cuanto a la auditoría con el despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, encargada por los obispos, la portavoz ha trasladado su rechazo ya que no pueden "reconocer la autoridad del despacho de Cremades", pues su presidente pertenece al Opus Dei, por lo que "hay intereses contrapuesto".
Desde la asociación también han demandado "verdad, justicia, reparación y acompañamiento" junto con "una condena rotunda sin paliativos pidiendo un perdón público y sin excusas avalado por todos los miembros de la Conferencia Episcopal y los jerarcas de todas las congregaciones, órdenes y prelatura, terapias psicológicas y psiquiátricas reparadoras de por vida, ayudas para conseguir un trabajo en el mercado laboral, una reparación económica por los daños causados y una indemnización por incapacidad laboral".