El Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda sigue adelante tras superar una importante votación en el Congreso de los Diputados: 155 votos a favor de las enmiendas, 168 en contra y 4 abstenciones lo han permitido.

 

En el texto del pacto, configurado por el Gobierno de coalición, se recogen puntos como la existencia de zonas tensionadas con los alquileres disparados, la necesidad de poner en marcha un índice de precios para mitigar esas subidas, o medidas para regular los desahucios. Sin embargo, las negociaciones entre ambas formaciones han sido largas, principalmente entre los dos ministerios que firman el texto: el de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, encabezado por la socialista Raquel Sánchez; y el de Derechos Sociales y Agenda 2030, encabezado por la líder de Podemos, Ione Belarra.

 

Entre las críticas de la oposición encontramos las del Partido Popular, que sostiene que la propuesta es “lesiva para los derechos e intereses de los ciudadanos” y que la regulación afecta a una “materia de titularidad autonómica”. Un argumento que ha rebatido la portavoz de Vivienda socialista, Eva Bravo, afirmando que “el mismo PP que ha recurrido las leyes catalanas de vivienda por considerar la materia de competencia estatal, ahora dice que es de competencia autonómica”.

 

Para frenar las críticas sobre el proyecto, Eva Bravo ha explicado, “garantizar que no se pueda enajenar el parque público de vivienda social, como recoge el proyecto de ley, no es crear inseguridad jurídica, es garantizar que ustedes no puedan volver a vender las viviendas sociales a los fondos buitres”.