Con estas indagaciones Anticorrupción trata de resolver por qué una empresa propiedad de un amigo de la familia Ayuso, sin ninguna experiencia en el sector sanitario ni contratos públicos previos con la Comunidad de Madrid, se hizo con un contrato millonario para suministrar mascarillas FPP 2-3 a la región durante el inicio de la pandemia.

 

 

Las diligencias se abrieron el pasado 22 de febrero, tras las denuncias de los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid. La Fiscalía tiene que indagar sobre si existen o no indicios suficientes de delito para poder presentar una querella, es por eso que interesa conocer el papel que ejerció Tomás Díaz Ayuso en la adjudicación del contrato por el protocolo de urgencia. 

 

La Comunidad de Madrid, tras declaraciones contrarias de la presidenta de la Comunidad los días previos, reconoció que el hermano de Isabel había cobrado 283.000 euros de comisiones de la empresa Priviet Sportive. Un supuesto espionaje en torno a este contrato provocó que la cúpula de Pablo Casado en la dirección del Partido Popular saltase por los aires. De esas cuatro comisiones con un valor total de 283.000 euros, tan solo una de ellas tendría relación con el contrato, con un valor de 55.850 euros.