Fue en el año 2020 cuando el PNV (Partido Nacionalista Vasco) escribió una reforma a esta ley, y a petición de este grupo, ha estado a punto de ser modificada en el congreso hasta en dos ocasiones. A pesar de que la parte socialista del gobierno aceptara cerrar el periodo de enmiendas al articulado y permitir que la reforma se llevara a cabo, las fuerzas políticas con las que debe llegar a acuerdos exigen cambios más profundos de los expuestos. 

 

Según fuentes parlamentarias de la izquierda, "El PSOE ha dado marcha atrás metiendo la tijera en los aspectos fundamentales del proyecto de Ley", como la prohibición de reuniones y manifestaciones cuando se considere que se perturbe la seguridad ciudadana, las sanciones, las devoluciones en caliente de migrantes en la frontera, el uso de material antidisturbios o la asunción de la veracidad de los testimonios de la Policía.

 

En un tercer intento y tras dos convocatorias en 2022, estaba previsto que la próxima semana hubiera una tercera reunión. Una reunión que los grupos parlamentarios del Congreso han decidió posponer para que PSOE y Unidas Podemos pacten un paquete más amplio de medidas con sus habituales socios de cámara. 

 

El Parlament ha aprobado este jueves exigir al Gobierno central "cumplir sus compromisos de derogar de forma inmediata la 'ley mordaza", algo que han apoyado ERC, Junts, CUP y también los comuns, mientras que el PSC-Units, Vox, Cs y PP lo han rechazado. Desde Unidas Podemos se muestran "optimistas" y destacan que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana sigue avanzando. 

 

Desde No Somos Delito, una entidad social, “en conjunto insuficiente, poco ambiciosa, poco valiente y, en algunas cuestiones, propulsora de pasos hacia atrás”, reconoce Sara Martín López, portavoz de a asociación, con respecto a la reforma actual que se baraja.