En febrero del 2021, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, avisaba que la Iglesia, a través de sus diferentes diócesis españolas habían inscrito propiedades que sabían que no eran suyas. Lo hizo posible una reforma legal del Gobierno de José María Aznar. En el año 2007, el PSOE, entonces en la oposición, presentó una Proposición No de Ley para que el Gobierno hiciera un listado completo de todos los inmuebles que se inmatricularon entre 1998 y 2015. Curiosamente, ha sido el propio PSOE, al volver al Gobierno de España, el encargado de hacer ese listado y que presentó el año pasado. Dicha fotografía de las propiedades que la Iglesia asumía como de su propiedad incluía más de 30.000 propiedades, entre templos (20.014) y otras fincas (14.947). 

 

Ahora, la Conferencia Episcopal asume y reconoce que cerca de un millar de las propiedades reclamadas se escrituraron a su nombre sin las pruebas claras que pudieran establecer esa propiedad. En una reunión con el presidente del Gobierno, Juan José Omella, ha sellado un pacto con el Ejecutivo para revolver las propiedades a sus legítimos dueños. 

 

El encuentro ha tenido lugar en la propia sede de la Conferencia Episcopal donde han acudido Pedro Sánchez y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. El Gobierno ha agradecido la disposición de las autoridades eclesiásticas, así como el trabajo realizado por la Comisión de Inmatriculaciones. Y han destacado el buen diálogo entre ambas instituciones. Ese clima de cordialidad se materializa en la nota conjunta que han publicado hoy después del encuentro. 

 

En la misma consideran que "a partir del listado remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados en cumplimiento de la PNL de 17 de febrero de 2017 sobre los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en el periodo 1998-2015, la Conferencia Episcopal, en el contexto del diálogo con el Gobierno, ha hecho un estudio exhaustivo del mismo a través de consultas oportunas realizadas a las diócesis. Dicho estudio ha consistido en la catalogación de los bienes, su división por diócesis y verificación de los procesos de inmatriculación en cada uno de los bienes mencionados".

 

"El análisis realizado por la Iglesia de dicho listado -continua el comunicado- , en el marco de la mencionada Comisión, ha revelado un conjunto de bienes que la Iglesia considera que pertenecen a un tercero o no le consta su titularidad sobre el mismo".

 

"Se trata, concretamente, de un millar aproximado de bienes, cuyos datos han sido facilitados al Gobierno por parte de la Conferencia Episcopal Española. La previsión es que el Gobierno ponga en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información y se puedan, de este modo, iniciar los procesos de regularización que, en su caso, pudieran corresponder. A estos efectos, la Iglesia manifiesta su compromiso de colaboración a fin de facilitar tales procesos".

 

Las asociaciones que han liderado las reclamaciones a las diócesis eclesiásticas, que están agrupadas en la Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesias, consideran que con este acuerdo sellado entre el Ejecutivo y la Iglesia se cierra en falso esta cuestión y prometen seguir su lucha. 

 

Ya en febrero del año pasado apostaban por anular todas las inmatriculaciones en vez de hacer un listado de las propiedades para que después se pudieran denunciar caso por caso los distintos registros de propiedad. 

 

“Es el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España. El Gobierno no deshace lo que estaba mal hecho, se lava las manos y consolida una amnistía registral. Además sigue sin regular en qué casos un bien religioso debería ser de dominio público, sin perjuicio del uso católico, que no se cuestiona, como pasa en Francia, donde Notre Dame es del Estado, o Portugal. Así resumía la situación en unas declaraciones a El País en febrero de 2021 Antonio Manuel Rodríguez Ramos, uno de los portavoces de Recuperando.