El Consejo de Ministros aprobará, con un sabor agridulce, un paquete de normas para convertir la vivienda “no en un problema sino en un derecho real”, como mencionó ayer Pedro Sánchez. En la ‘sala de espera’ se ha quedado la Ley de Vivienda, un texto de gran peso en la coalición de Gobierno y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha retrasado su nacimiento.
El bono joven del alquiler irá dirigido a las personas entre los 18 y 35 años cuyos ingresos anuales no tripliquen el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que supone no cobrar más de 24.318,84€. Esta medida, que contempla flexibilizaciones por cambios de domicilio, además de compatibilización con otras subvenciones, se aplicará a cada solicitante y no a cada vivienda, además de hacerlo con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.
La partida para el bono joven del alquiler está prevista en los Presupuestos Generales de Estado (PGE) de 2022, y supondrá un desembolso de 200 millones de euros. Del mismo modo en el Consejo Ministerial se espera aprobar el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que contempla una dotación de 1.717 millones de euros de fondos estatales. Este programa de ayudas al alquiler a jóvenes lo podrán poner en marcha las comunidades.
En Consejo de Ministros aprueba el bono joven del alquiler, el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y la ley de calidad arquitectónica
Este Plan (PEV en lo sucesivo) tiene como beneficiarios a los menores de 35 años que no superen tres veces el IPREM, aunque contempla que puedan llegar a hasta multiplicar por cinco este Índice (40.531,4 euros anuales) en función de las circunstancias familiares. Consistirá en ayudas de hasta el 60% de la renta, que podrán ser compatibilizadas con el bono joven. En esos casos, el PEV solo cubrirá un máximo del 40% de los gastos que el bono no haya cubierto.
Desde el Ejecutivo señalan que estas medidas no tienen una naturaleza sustitutoria de la Ley de Vivienda que se queda a la espera de ser aprobada. Sánchez ha asegurado que el objetivo del Gobierno es sacar adelante la ley que ha calificado como “el quinto pilar del estado de bienestar”. Por su parte, desde Unidas podemos han advertido que no aceptarán “ningún cambio” sobre lo pactado en esta norma.