Las realidades que sufren las víctimas de violencia de género son muy diversas y responden a una gran diversidad de situaciones. Por este motivo, el Ministerio de Igualdad y las consejerías regionales comenzaron a trabajar hace dos años en un modelo de acreditación unificado donde ninguna mujer víctima de violencia machista se quedase sin acceso a sus derechos. La nueva norma entraba en vigor este mismo 13 de diciembre con su publicación en el BOE y acoge una ampliación de la categoría de víctima de violencia machista en el marco de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

 

El acuerdo considera en esta condición a las mujeres que se encuentren en proceso de toma de decisión de denunciar; víctimas cuyo procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído o que hayan interpuesto denuncia y el procedimiento penal esté instruyéndose. Sin embargo, no serán las únicas, sino que también podrán solicitarla aquellas con sentencia condenatoria firme con pena o penas ya extinguidas, las que su agresor haya sido absuelto o las que se les haya denegado la orden de protección aun habiendo antecedentes de denuncia.