Hace un par de semanas la tensión en Gobierno se disparó al conocerse la voluntad de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, de encabezar las negociaciones de la reforma laboral que ya llevaban siete meses sobre la mesa de diálogo social dirigida por la vicepresidenta de trabajo, Yolanda Díaz. El encontronazo duró apenas un par de días, y se zanjó incluyendo al Ministerio de Economía y de Seguridad Social en las negociaciones. Ahora, los términos en estos diálogos han cambiado en algunos puntos, pero han acorazado dos conceptos: el convenio sectorial y la ultraactividad.
Con la integración de los ministerios de Economía y Seguridad Social, bajo mando de los socialistas Calviño y Escrivá, se ha sustituido el Mecanismo de Sostenibilidad de Empleo (MSE), que recogía reducciones de jornada para evitar despidos y la creación de un fondo, al que las empresas se podrían acoger en determinadas ocasiones, financiado por los excedentes de paro, los fondos europeos y las multas impuestas a las empresas que realicen EREs. En su lugar se ha planteado otro que se denomina Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización de empleo. Este, contempla tres tipos de ERTE.
El primer ERTE contemplado en el mecanismo RED, es exactamente igual al modelo actual, se aplicaría en situaciones de excepción como lo ha sido la pandemia; el segundo de Expedientes de Regulación, estaría destinado a reubicar trabajadores de una empresa a otra para evitar su despido. Este punto ha despertado los recelos de la patronal, pues la empresa en la que el trabajador cesa su actividad, deberá pagar un 50% del coste al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), a pesar de que técnicamente no se trate de un despido. El tercero y el último de los ERTEs planteados en el Mecanismo, contempla aquellos para la reestructuración de sectores enteros.
En la mesa de diálogo ha quedado patente como el Ejecutivo ha cerrado filas en torno a los convenios sectoriales frente a los de empresa. Esta fortificación de los convenios por sectores no ha terminado de agradar a los sindicatos de País Vasco y Galicia que consideran que los convenios sectoriales-provinciales, beneficiarían más a los trabajadores. En 2003 el Banco de España llegó a la misma conclusión, en el informe El sistema de negociación colectiva en España: un análisis con datos individuales de convenios, “se observa cómo en el nivel intermedio de la negociación (sector-provincial) se llega a incrementos salariales que son, en general, superiores tanto a los que se pactan a un nivel centralizado (sector-nacional) como a un nivel más descentralizado (empresa)”.
Por otro lado, las aguas del río de la reforma laboral vuelven a ser claras respecto a la limitación de la temporalidad. Hace unos días, unas supuestas proposiciones del Gobierno para limitar la temporalidad al 15% enfangaron las negociaciones. El Ministerio de Trabajo negó tajantemente esa propuesta, y ayer se presentaron nuevas medidas respecto a esta temática. Entre ellas destacan la máxima duración de tres meses de los contratos por circunstancias de producción y de los de sustitución, además, respecto al número de contratos de este estilo que una empresa puede tener dependerá del tamaño de la empresa y de su naturaleza, dando mayor holgura a las del sector agrícola por su carácter más estacional.