La portavoz de Igualdad del Grupo Parlamentario Socialista, Laura Berja, ha defendido en el pleno del congreso la proposición de ley presentada por su grupo parlamentario para penalizar a aquellas organizaciones que acosan a las mujeres en las puertas de los centros de sanitarios donde se llevan a cabo interrupciones de embarazo. La dirigente socialista defendió que la decisión acerca de la maternidad o no ya pertenece a la mujer y así está reconocido. No obstante, las condiciones que rodean al ejercicio de este derecho todavía no son una libertad. El acoso a las mujeres que deciden ejercer su derecho sigue ahí fuera amparado por una legislación que no tipifica este acto de coacción como delito. Sí lo hace en otros países europeos como Francia donde no solo existe el delito de obstaculización del aborto, sino también la penalización de la desinformación a este respecto, incluso desde páginas web. Precisamente, la nueva Proposición de Ley Orgánica pretende que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto en libertad bajo la protección del código penal. Un plan que se ha encontrado con la oposición del PP y su enmienda a la totalidad.