El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el Real Decreto-ley con el que se reforma el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) por la que declaró varios artículos inconstitucionales. Ahora, el texto legislativo adaptado establece dos opciones de cálculo para determinar la cuota tributaria, que el contribuyente podrá elegir para aplicar la más favorable.
Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, ha anunciado los nuevos puntos del impuesto de plusvalía, durante la rueda de prensa desde La Moncloa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este lunes. Así, ha expuesto que los contribuyentes podrán optar por determinar el importe por el resultado objetivo de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes que tendrán en cuenta la realidad inmobiliaria o podrán elegir el cálculo a través de una ganancia real, con la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición.
También existe la posibilidad de que el ciudadano no obtenga una ganancia patrimonial por la venta de la vivienda, por lo que en este caso quedará exento de pagar este impuesto. Sin embargo, se deberá acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar los títulos que documenten la transmisión y la adquisición.
Rodríguez ha indicado que el objetivo de esta reforma es acatar la sentencia del TC y adecuar el impuesto a los preceptos que dictó el Alto Tribunal, pues este declaró inconstitucionales determinados artículos de este impuesto que, en la práctica, supuso la nulidad del mismo al rechazar el sistema de cálculo de las plusvalías. Los magistrados matizaron que el método de cálculo de la base imponible conduce a un resultado que se aleja "notablemente" de los valores reales de los inmuebles en el mercado inmobiliario.

La portavoz ha explicado que con la aprobación de este nuevo decreto se mantiene la naturaleza del impuesto. Además, se asegura que este instrumento legal está justificado por la "imperiosa necesidad" que existía por garantizar la seguridad jurídica de los contribuyentes, así como por la "urgencia" de los ayuntamientos de cara a garantizar la prestación de sus servicios, ha zanjado Rodríguez.