El Ejecutivo aprueba un anteproyecto de ley contra los medios de pagos digitales engañosos, entre las que se encuentran las aplicaciones de pago de teléfono móvil como Bizum y monedas digitales para controlar el mercado de las criptomonedas.
El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros un proyecto basado en tres directivas europeas que ayudaran a combatir el fraude y la falsificación de medios de pago distintos al efectivo. Esto ayudará a contrarrestar la ciberdelincuencia y sancionará el uso incorrecto de las aplicaciones de pago a través del móvil y el empleo de monedas digitales.
Según el VIII Informe sobre la Cibercriminalidad en España 2020, elaborado por el Ministerio de Interior, la ciberdelincuencia se ha incrementado hasta conformar más del 16% de los delitos penales totales, en contraposición al 4,6% que representaban en 2016. Dentro de estos, casi el 90% de ellos se deben a estafas mediante fraudes informáticos.
Tres directivas europeas serán adaptadas a la normativa española, ante el aluvión de engaños de este tipo, dos de ellas, modificarán ámbitos de la delincuencia económica del Código Penal. En cuanto a las criptomonedas, no están oficialmente reconocidas ni en España ni en la Unión Europea, pero se legislará pensando en un futuro donde los estados emitan sus propias monedas virtuales o las acepten de manera oficial.
El pago por Internet ha crecido de manera exponencial, suponiendo un 7,4% del comercio total, cuando hace 10 años era utilizado de manera residual. Respaldando estas cifras, encontramos aplicaciones como Bizum, que cuenta con 18 millones de usuarios y se han movido más de 30.000 millones de euros desde su lanzamiento en 2016.
Otra de las regulaciones es contra el “insider trading”, es decir, el uso de información confidencial, que atenta contra la transparencia y la seguridad de los mercados financieros. La meta es impulsar y agilizar la cooperación jurídica entre los países en la lucha contra la delincuencia, ya que se facilita el intercambio entre las autoridades de los Estados de información extractada de los registros de antecedentes penales.