Carlos Gutiérrez Vicén, secretario general del Congreso y letrado mayor de dicha institución, ha avalado este lunes por escrito la decisión de Meritxell Batet, presidenta del Congreso, por la que ejecutaba la sentencia contra Alberto Rodríguez, exdiputado de Unidas Podemos, y le retiraba su escaño en el Parlamento. Batet se ha basado en las aclaraciones realizadas por el Tribunal Supremo, que manifestaban que la salida de Rodríguez de la Cámara era "obligada", y en la doctrina del Tribunal Constitucional.
Gutiérrez Vicén ha hecho llegar un escrito a la presidenta del Congreso en el que deja constancia de lo que ya comunicó a Batet el pasado viernes, cuando se producía al respuesta aclaratoria de la sentencia de Alberto Rodríguez por parte de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Vicén expone que en esa misiva aclaratoria el Supremo, "en interpretación auténtica de la sentencia" se determina, que la pena privativa de libertad impuesta en origen no pierde su naturaleza por el hecho de haber sido sustituida. Además, el letrado mayor del Congreso alude a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014, en la que se establece que los supuestos de incompatibilidad en las leyes electorales funcionan no sólo a la hora de adquirir la plena condición de diputado, sino también "de forma sobrevenida, si a lo largo de la vigencia del mandato, si la situación del representante sufriera alguna alteración a estos efectos".
Así, recalca que los diputados "proclamados y aún elegidos" que queden "posteriormente afectados" por las causas de inelegibilidad incurrirán también en las de incompatibilidad y, por tanto, perderán su acta de diputados. Vicén concluye su escrito, respaldando la decisión de Batet, pues, en cumplimiento de la sentencia del Supremo contra Rodríguez, Batet "debía declarar" su "pérdida de la condición de diputado" e "iniciar los trámites conducentes a su sustitución, como efectivamente hizo".
El letrado mayor de la Cámara explica que la pena privativa de libertad impuesta en origen no pierde su naturaleza por el hecho de haber sido sustituida por una sanción de tipo económico.
Cronología de los hechos
En un primer informe sobre la situación de Alberto Rodríguez, los letrados del Congreso sostuvieron que la sentencia no debía tener efectos extra penales ya que el Supremo había habilitado la sustitución de la pena de prisión por una multa de 540 euros (ya abonada por Rodríguez). De hecho, esgrimieron que la pena privativa de libertad que sí hubiera conllevado que Rodríguez perdiera el escaño, no llegó "a nacer en ningún momento" al haber sido suplida desde su origen por una sanción económica.
Más tarde, Batet pidió aclaraciones al Tribunal Supremo, para estimar hasta dónde llegaba la sentencia y el alcance de la pena contra el exdiputado morado. Así, se produjo la respuesta del Tribunal Supremo de la mano de Manuel Marchena. Este explicó que la pena "accesoria" que le impusieron -la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante los 45 días- era "obligada".
Al hilo de esto, Vicén ha explicado este lunes que "ha de entenderse que opera la causa de inelegibilidad sobrevenida prevista en el apartado cuatro en relación con el apartado 2 a) del artículo 6 de la Ley del Régimen Electoral General". Así, Batet procedió al retiro del escaño del exdiputado canario, con el ahora confirmado respaldo de Vicén.