La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha inadmitido este martes los recursos presentados por la formaciones de PP y Vox contra el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal general del Estado (FGE), alegando que existe una "falta de legitimidad" activa y sin entrar en valorar la idoneidad o imparcialidad del nombramiento.
La Abogacía del Estado ha señalado que el Tribunal Supremo no debería resolver esta cuestión porque "el partido político recurrente —el Partido Popular, en ese caso—, no confiere ningún título que legitime la interposición del presente recurso contencioso administrativo". A esto, el PP ha expuesto que la labor de Dolores Delgado tendría que tenerse en cuenta, pues es susceptible de afectarle "respecto de los diferentes procedimientos judiciales en curso", añadiendo que la formación azul, al formar parte de la oposición, debe ejercer control sobre los "actos de Gobierno, tanto parlamentariamente como también mediante la interposición de los oportunos recursos ante la jurisdicción ordinaria y la constitucional".
La votación que ha protagonizado el Tribunal se ha resuelto con cinco votos contra dos, y los magistrados que abogaban por la legitimidad para presentar recurso tendrán la posibilidad de realizar votos particulares.
El PP ya solicitaba en una demanda que data del verano de 2020 una anulación del real decreto por el que se nombró a Delgado al entender que no cumple con los criterios de idoneidad e imparcialidad exigibles para dirigir la Fiscalía. La razón es que en la anterior legislatura fue ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez. Por su parte, Vox justificó su recurso a esta decisión en que el informe emitido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el nombramiento de Delgado "no puede considerarse válido", ya que "expresamente se ha excluido del juicio de los vocales del Consejo el requisito subjetivo, el atinente a tratarse de una jurista de reconocido prestigio, pues, sobre dicho requisito, pivota el juicio de idoneidad".
Ambas formaciones solicitaban así la nulidad del acuerdo impugnado por infracción del principio de imparcialidad, explicando que Delgado pasó de ser ministra de Justicia y diputada del PSOE a ser propuesta y nombrada fiscal general. Sin embargo, estos recursos han sido ahora declarados inadmisibles por falta de legitimación activa de ambos partidos para recurrir el nombramiento instado por el Gobierno.