Los equipos negociadores de Reino Unido y la Unión Europea se encuentran esta semana en Bruselas, donde han comenzado las negociaciones sobre el acuerdo del Brexit en relación al Protocolo de Irlanda del Norte. Ambas partes mantienen posturas muy diferenciadas y no parecen dispuestos a ceder, por lo que se espera que las conversaciones sean largas y duras. El Reino Unido envió en julio una propuesta a Bruselas para modificar el texto del Tratado de salida, en la que se incluyen grandes modificaciones que afectarían tanto a los controles aduaneros como a la supervisión del cumplimiento de los acuerdos. La propuesta británica pasa por eliminar al Tribunal de Justicia Europeo como árbitro en las cuestiones aduaneras. La Unión Europea, por su parte, se niega a renegociar el fondo del asunto y considera inadmisible borrar al Tribunal de Justicia del acuerdo. En su lugar, propone una significante reducción de la burocracia y los cuestiones aduaneros, así como el establecimiento de mecanismos de diálogo con las instituciones de Irlanda del Norte.
El Reino Unido y la Unión Europea han reabierto las negociaciones del Brexit como consecuencia de las disputas que el Protocolo de Irlanda del Norte ha generado desde su entrada en vigor. El ministro británico para el Brexit, David Frost, y el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, comenzaron el diálogo el pasado viernes.
Los equipos negociadores se reunirán a lo largo de esta semana en Bruselas para mantener unas conversaciones que se espera que sean duras y largas, ya que ambas partes sostienen posturas muy diferenciadas con firmeza. Reino Unido envió a Bruselas el pasado julio un nuevo texto que introducía cambios sustanciales en el fondo del acuerdo del Brexit, un documento que la Unión Europea ya ha rechazado por completo. La UE no considera una renegociación completa del tratado, pero sí accede a revisitar el anexo del Tratado de salida en el que se incluye el Protocolo.
Ambas partes esperan que las negociaciones permitan acabar con las tensiones con los unionistas probritánios en Irlanda del Norte, que no están de acuerdo con el Protocolo firmado por Boris Johnson con la Unión Europea. El anexo fue la única solución encontrada por ambas partes para poder llevar a cabo el Brexit radical por el que optó Johnson. Con él se evita la reintroducción de una frontera física en Irlanda del Norte y permite mantener la unidad económica en la isla entre la República de Irlanda (territorio europeo) e Irlanda del Norte (territorio británico). El Brexit duro defendido por el Gobierno de Johnson habría supuesto la construcción de una nueva frontera rígida en la isla al sacar al Reino Unido de la unión aduanera y el mercado único. Esto implicaría un incumplimiento de los acuerdos de paz de 1998 entre unionistas-lealistas probritánicos y republicanos proirlandeses que pusieron fin a treinta años de conflicto armado.
Mediante el Protocolo, Irlanda del Norte sí se mantiene en el mercado único y la unión aduanera, por lo que se fija un mercado interior británico y a la vez protege el mercado interior europeo. A pesar de que los norirlandeses se oponían a esta medida, el Gobierno de Johnson lo firmó, perjudicando a los unionistas.
Esto provocó grandes problemas en Irlanda del Norte desde el momento en el que se consumó el Brexit. Los empresarios dijeron que la situación era inviable y se sucedieron disturbios provocados por lealistas-unionistas. Estos problemas burocráticos y de control en la frontera llevaron al Gobierno británico a eliminar los controles, por lo que la UE emprendió acciones legales contra Reino Unido por no cumplir con lo acordado.
David Frost amenaza con activar el artículo 16 del Protocolo, por el que se eliminarían todas las medidas en la frontera
En este contexto han comenzado las negociaciones. La propuesta británica se centra en tres peticiones: que se mantenga la implementación parcial del Protocolo y que la UE suspenda las acciones legales contra Reino Unido, la abolición del papeleo aduanero general para los comerciantes que envían mercancías a Irlanda del Norte en favor de un sistema de "confianza y verificación" en el que los comerciantes registrarían sus ventas en un sistema que permita la inspección de sus cadenas de suministro y la implementación de un nuevo sistema regulatorio dual que permita que los productos británicos puedan venderse en Irlanda del Norte cuando cumplan con “las normas del Reino Unido o de la UE determinadas por los reguladores del Reino Unido o de la UE”. Este último punto es especialmente conflictivo ya que, aunque solucionaría el problema que se genera cuando se imponen aranceles a productos europeos vendidos a Irlanda del Norte cuando estos pasan por Gran Bretaña, también acabaría con la seguridad de la UE de que Gran Bretaña no introduce productos de calidad inferior en el mercado único mediante Irlanda del Norte.
Además, el nuevo texto enviado por Londres a Bruselas pide que se elimine cualquier rol que puedan tener las instituciones europeas sobre el Reino Unido, incluyendo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no podría actuar como árbitro en disputas fronterizas.
La Comisión Europea presentó su propuesta el pasado 13 de octubre, centrada alrededor de los cuatro puntos más conflictivos del Protocolo. En relación con los productos alimentarios, la UE permitiría una certificación simplificada y una reducción de los controles oficiales para una gran cantidad de productos, lo que supondrían una reducción del 80% de los controles actuales. También contempla una reducción del 50% de la burocracia aduanera y permitiría que las empresas farmacéuticas mantengan sus funciones reguladores donde están situadas, abasteciendo a Irlanda del Norte con medicamentos autorizados por el regulador británico de acuerdo con el Protocolo. Además, la Comisión contempla instaurar medidas que permitan mejorar la comunicación entre la UE y las autoridades de Irlanda del Norte.
A pesar de que la Unión Europea ya ha manifestado su rechazo al nuevo texto, el ministro Frost no parece dispuesto a ceder en su postura. Recientemente ha manifestado que el Protocolo "no funciona" y que "ha perdido completamente el apoyo de una comunidad de Irlanda del Norte". Ahora amenaza con activar el artículo 16 del Protocolo, por el que se eliminarían todas las medidas en la frontera.