El PSOE y Unidas Podemos, desde el Ejecutivo, y el Partido Popular han cerrado en unas pocas horas el acuerdo que ya tenían muy avanzado y bloqueado desde el mes de febrero para renovar los principales órganos constitucionales que estaban caducados desde hacía meses, incluso años. Así en unos días, el Congreso y el Senado aprobarán los nuevos nombramientos de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, del Defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas y de la Agencia de Protección de Datos. A pesar de este importante acuerdo, aún queda por acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que no se descarta que llegue en próximas fechas.
El pacto entre ambas partes se ha producido apenas un día después de que Pablo Casado, el líder del Partido Popular, ofreciera al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la posibilidad de la renovación de los órganos constitucionales pendientes, al margen del CGPJ. No es un ofrecimiento nuevo ya que desde el seno del PSOE se hizo este mismo ofrecimiento a los populares desde hacía meses. Pero ahora, los conservadores consideran que es el momento adecuado para firmar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez el primer gran acuerdo desde que el dirigente socialista llegó a La Moncloa hace tres años.
Las negociaciones ya comenzaron el pasado miércoles y jueves entre El ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, y el secretario General del Partido Popular, Teodoro García Egea. Las conversaciones culminaron en la renovación del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Agencia de Protección de Datos y el Defensor del Pueblo.
Será durante una sesión plenaria celebrada previsiblemente la semana del 25 de octubre tanto en el Congreso como en el Senado en la que se culminará la renovación de estos organismos, según fuentes del Ejecutivo y del Partido Popular. Los profesionales que conformarán las instituciones renovadas "serán de reconocido prestigio y de consenso y se darán a conocer en los próximos días", han afirmado estas mismas fuentes.
Por su parte, el CGPJ queda fuera del acuerdo de Bolaños y Egea, cuyo mandato lleva casi tres años caducado y que ha sido el epicentro de las negociaciones parlamentarias durante los últimos meses. Desde el partido conservador se afirma que están dispuestos a negociar también el CGPJ siempre y cuando el Gobierno acepte sus condiciones para avanzar en la despolitización, de forma que se reforme la ley para cambiar el sistema de elección y que "los jueces elijan a los jueces". Pero hay un avance fundamental y es que el secretario general de los populares ha reconocido que se debe abordar la renovación del órgano de gobierno de los jueces con la legislación actual y será después cuando se acometa la reforma necesaria. Este punto es muy importante pues podría desbloquear la situación de manera inminente.
Por su parte, los partidos de la oposición, Ciudadanos y la ultraderecha de Vox han tachado el acuerdo de 'lamentable' ya que consideran que los dos grandes partidos se han vuelto a repartir "en una habitación oscura" los puestos judiciales.