Este punto tiene el objetivo de establecer la prohibición de enajenar los pisos de titularidad pública y con esto, que luego no puedan ser ofrecidos en el mercado libre por los compradores. Este es uno de los puntos clave de la nueva Ley de Vivienda, cuya negociación entre los socios de coalición se consiguió cerrar ayer.

La cláusula busca impedir casos como el que tuvo lugar en la Comunidad de Madrid en el año 2013, cuando el Ejecutivo regional vendió al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora casi 3.000 viviendas del antiguo Ivima. Esta operación fue anulada por el Tribunal Supremo al subrayar que dicha enajenación no estaba justificada. Y este no es el único ejemplo, ese mismo año el Ayuntamiento de Madrid también transfirió al fondo de inversión Blackstone un total de 1.860 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS) por valor de 128,5 millones de euros.

La mañana de ayer, Ione Belarra, la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, comunicó que la ley aspiraba a impedir casos como la enajenación de la vivienda protegida, como se vio en el pasado en la Comunidad de Madrid con la venta de pisos a “fondos buitre”. “Eso no se va a volver a hacer en España”, ha concluido.

En la redacción de la normativa se establece que la calificación de un suelo establecido como reserva para vivienda en una régimen de protección pública “no podrá modificarse”, salvo en los casos excepcionales en los que el instrumento de ordenación urbanística justifique la “innecesaridad de este tipo de viviendas o la imposibilidad sobrevenida de dicho destino, con independencia de que puedan modificarse las condiciones de la vivienda protegida para atender a la demanda y necesidades del ámbito territorial”.

Además de esto, la nueva ley tiene otros puntos centrales que son los siguientes: