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El Departamento de Justicia de los EEUU promete defender el derecho al aborto de las mujeres en Texas

El Departamento de Justicia de los EEUU promete defender el derecho al aborto de las mujeres en Texas

Este lunes, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, ha prometido proteger los derechos de las mujeres que deseen abortar tras la entrada en vigor de la "ley del latido" (heartbeat bill) en el Estado de Texas. También ha garantizado la seguridad de los centros de salud reproductiva frente a posibles ataques y amenazas. La nueva ley es una de las leyes contra el aborto más restrictivas del país y los defensores del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo la consideran inconstitucional. Prohíbe el aborto siempre que se detecte latido fetal (alrededor de las seis semanas de gestación) que en muchos casos se da antes de que la mujer sepa que está embarazada. 

 

El fiscal general de EE.UU. ha prometido la seguridad de las mujeres que deseen interrumpir su embarazo tras la entrada en vigor de la ley contra el aborto


El fiscal general de EE.UU. ha prometido la seguridad de las mujeres que deseen interrumpir su embarazo tras la entrada en vigor de la ley contra el aborto

El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, ha asegurado este lunes que las autoridades federales protegerán a las mujeres que deseen realizar una interrupción inducida de su embarazo y las clínicas de salud reproductiva que puedan ser atacadas en el Estado de Texas. Ha explicado que el Departamento de Justicia apoyará a la Policía Federal ante estos posibles ataques o amenazas. Además, ha reiterado el rechazo de la fiscalía a la violencia contra las mujeres que deciden interrumpir su embarazo de forma voluntaria y contra las personas que proporcionan estos servicios. 

 

Garland ha explicado también que el Departamento de Justicia está estudiando de forma urgente posibles formas de impugnar la nueva ley contra el aborto y garantizar el respeto de todos los derechos de las mujeres reconocidos en la Constitución. 

 

Estas declaraciones responden a la defensa de la Ley FAGE, que prohíbe el uso de la fuerza, obstrucción y amenazas contra las personas que buscan obtener o proporcionar servicios médicos relacionados con el aborto. Una ley que contempla penas económicas que pueden llegar hasta los 100.000 dólares e incluso penas de cárcel para los reincidentes. 

 

La "ley del latido" es una de las leyes contra el aborto más restrictivas del país ya que no permite la interrupción del embarazo pasadas las seis semanas de gestación, que suele ser antes de que las mujeres sepan que están embarazadas

La "ley del latido" (heartbeat bill) entró en vigor la semana pasada en el Estado de Texas. Se trata de una de las leyes contra el aborto más restrictivas del país ya que no permite la interrupción del embarazo pasadas las seis semanas de gestación, en el momento en el que se detecte latido fetal. Este periodo es tan corto que en la mayor parte de los casos se da antes incluso de que la mujer sepa que está embarazada. Además, no incluye excepciones en caso de aborto e incesto, pero sí por "emergencias médicas", aunque no aclara a que se refieren estas emergencias. Los expertos en salud reproductiva también consideran que la referencia a un latido del corazón es inexacta porque a las seis semanas de gestación el corazón del embrión no está totalmente desarrollado. 

 

Además de Texas, otros 10 Estados han propuesto sus propias "leyes del latido" desde 2018. La mayoría han sido bloqueadas en los tribunales, aunque se espera que una ley similar entre en vigor en Oklahoma en noviembre. 

 

Lo que hace única a la ley aprobada en Texas es que permite que cualquier ciudadano presente una demanda civil contra las personas que ayuden a una mujer a abortar, incluyendo aquellos que ofrezcan ayuda económica y a los propios proveedores de los servicios. Las demandas exitosas pueden ser recompensadas con hasta 10.000 dólares. 

 

El gobernador republicano, Greg Abbott, firmó el proyecto de la ley en mayo. Su entrada en vigor se produjo el pasado miércoles después de que el Tribunal Supremo rechazara un recurso de apelación presentado por activistas por el aborto y un grupo de clínicas de salud reproductiva para detener la implementación de la ley. 

 

Los opositores defienden que la ley prohíbe el aborto en un estado en el que la mayoría de las mujeres aún no conocen de su embarazo. Además, la consideran inconstitucional según el Caso Roe contra Wade de 1973, en el que la Corte Suprema despenalizó el aborto inducido. Según esta resolución, las mujeres pueden elegir si continuar o no con su embarazo amparadas en el derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad se considera un derecho fundamental en la Constitución estadounidense, por lo que ningún Estado puede legislar en su contra. La decisión del Tribunal representó la despenalización del aborto en todo el país y prohíbe que los Estados penalicen el aborto antes de la viabilidad fetal, que se suele considerar entre las 22 y 24 semanas de gestación. 

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