El 1 de septiembre el Gobierno convocará una reunión para abordar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2021. El Ejecutivo quiere consenso en un tema tan importante pero será difícil que patronal y sindicatos se pongan de acuerdo. Los empresarios son contrarios a subir el salario mientras que no coja más fuerza la recuperación económica y los sindicatos apuestan por seguir elevando los salarios como forma para una recuperación justa que, además, defienden, que activaría el consumo.
Por un lado, UGT y Comisiones Obreras presionarán para lograr una subida del salario mínimo que no sea simbólica, por el otro, la CEOE rechaza la subida y considera imprudente realizarla en un contexto en el que la economía española todavía no se ha recuperado de la crisis del coronavirus.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, ha defendido desde principios de año la necesidad de aumentar este salario. En el lado contrario del Ejecutivo, la parte socialista representada por Nadia Calviño consiguió convencer al presidente Pedro Sánchez para que fueran prudentes y la decisión sobre la subida se desplazase al segundo semestre del año. Por tanto, ha llegado la hora de decidir.
Actualmente, con el avanzado proceso de vacunación y con la pérdida de fuerza de la quinta ola, el escenario en el que nos encontramos es mucho mejor, tanto en lo económico como en el empleo, y se prevé que en este segundo semestre siga mejorando. Por lo tanto, el Gobierno finalmente ha decidido avanzar en la mejora del SMI.
A pesar de que la decisión ya está tomada, todavía se debe acordar en qué porcentaje se incrementará el salario mínimo. Por parte de los sindicatos, tanto CC.OO. como UGT reclaman la necesidad de aumentar el SMI, llegando incluso a anunciar movilizaciones en el caso de que el Gobierno no accediera a estas exigencias. Por el contrario, la patronal se muestra contraria, asegurando que todavía hay negocios y empresas que no se han recuperado todavía de la crisis provocada por la pandemia.
Yolanda Díaz, por su parte, defiende que no es aceptable un contexto en el que los salarios pactados en convenio solo están subiendo entre un 1,5% y un 1,8%, ya que los perceptores del SMI están perdiendo poder adquisitivo, siendo las personas que más necesitan que se les ayude. Además, añade, que el último dato de inflación, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), se situó en el 2,9%.
Este mismo dato es el que utilizan los sindicatos para defender el mantenimiento del poder de compra, planteando que el 3% es la subida necesaria para el SMI, ya que la inflación se sitúa sobre ese porcentaje. En cambio, esta referencia se limitó al 0,9% en el momento en el que se llevó a cabo la revalorización de las pensiones y el sueldo de los trabajadores públicos a principios de año.
Aun así, Nadia Calviño, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, confió este mismo mes en que los "buenos" datos de empleo permitan retomar "cuanto antes" la subida del salario mínimo interprofesional, recordando el compromiso del Gobierno: llevar el SMI hasta el 60% del salario medio a lo largo de la legislatura.