La Orden busca la real efectividad de la accesibilidad universal y el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato para todas las personas en los espacios públicos. Para conseguirlo introduce reglas con el objetivo de que los espacios sean lo más comprensibles, practicables y utilizables posibles, teniendo en cuenta que todo esto debe ser en condiciones de seguridad y comodidad, dándose de la forma más natural y autónoma posible.

Para realizar esta Orden, se ha involucrado a las comunidades Autónomas, a los Ayuntamientos y a otros Organismos, además de a las distintas asociaciones representativas de la discapacidad y las aportaciones de muchos particulares interesados. Elaborando la norma por medio de un procedimiento participativo muy amplio que permitió a los interesados colaborar y aportar en la creación de esta Orden.

Es previsible que la entrada en vigor de la Orden tendrá impactos positivos relacionados con la calidad urbana, el buen diseño y la recuperación del espacio público, sobre todo, para aquellas personas que sufran algún tipo de discapacidad. Además, la aprobación de esta nueva normativa supone el cumplimiento de una de las actuaciones de carácter normativo recogidas en el Plan de acción de la Agenda Urbana Española para la Administración General del Estado.