La Generalitat de Cataluña solicitará al Gobierno central una lista de 56 traspasos de competencias entre ambas administraciones que están incluidas en el Estatut, entre ellos la gestión del Aeropuerto de El Prat de Barcelona, competencias económicas, de la Seguridad Social y más funciones para los Mossos. Es lo que traerán los dirigentes catalanes a la mesa bilateral, sin embargo, el Gobierno solo parecía dispuesto a hablar de becas y transportes, aunque no cierra la puerta a tratar otros asuntos y cuestiones del Estatut. Lo que no está encima es el debate sobre la gestión de los fondos europeos.
La gestión de los fondos europeos se debatirá en una Conferencia Sectorial presidida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto a todas las Comunidades Autónomas aunque aún no se ha confirmado que la Generalat vaya a asistir a esta Conferencia Sectorial sobre fondos europeos.
La Comisión Bilateral se celebrará a las 16.00 horas en la sede del Ministerio de Política Territorial. A la cita acudirán la ministra Isabel Rodríguez junto a la delegada del Ejecutivo en Cataluña, Teresa Cunillera, la secretaria de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. Por parte de la Generalitat de Cataluña, acudirán el vicepresidente y consejero de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, la consejera de Presidencia, Laura Vilagrá, y el consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró.
Las 56 reivindicaciones están divididas en tres carpetas: la de traspasos, la de transferencias y la de "incumplimientos" del Ejecutivo central, que abarcan aspectos como la gestión de infraestructuras, la seguridad social y las becas estudiantiles.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez aseguraba hace una semana que en la reunión se hablarían de "cuestiones como becas, transportes, que estaban ya en la agenda y que es lo que interesa a la ciudadanía".
El viernes, en su comparecencia ante los medios de comunicación tras la Conferencia de Presidentes, Rodríguez recalcó que el objetivo de la cumbre bilateral no es otro que "reactivar" trabajos que "quedaron parados hace años”.
En la carpeta de transferencias, que hace referencia a aquellos asuntos sobre los que la Generalitat no tiene competencias pero exige tenerlas, destaca la gestión del Aeropuerto de El Prat.
En el capítulo de incumplimientos que la Generalitat considera que el Gobierno les adeuda, los de Aragonès incluyen la disposición adicional tercera del Estatut, la ley de dependencia, las inversiones en Rodalies (trenes de cercanías) y en los Mossos d’Esquadra, para los que piden que asuman las funciones de protección de la naturaleza en sustitución de la Guardia Civil y que ejerzan como policía ordinaria en el Puerto de Palamós (Girona).
En cuanto a Protección Civil, la Generalitat quiere otorgarle competencias en materia de seguridad nuclear y otras "funciones residuales" que ejerce el Estado a los Mossos d’Esquadra.
Además, reclamarán que la Autoridad Catalana de Protección de Datos asuma las funciones de registro y autoridad de control en datos personales de ficheros privados en Cataluña y, en materia de educación, solicitarán que la Generalitat gestione las becas, créditos y ayudas a estudios universitarios y no universitario, así como les competencias en materia de investigación, desarrollo e innovación.
También reclamarán que el Servicio Catalán de Tránsito (SCT) reciba las funciones ejecutivas que le faltan por asumir en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial.
En materia de economía, la Generalitat solicita las funciones no traspasadas del Instituto Social de la Marina y las funciones relativas a entidades y cooperativas de crédito, gestoras de planes y fondos de pensiones y entidades físicas y jurídicas del mercado asegurador.
Por otra parte, reclamará que la Junta de Tributos de Cataluña asuma la competencia para resolver reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en aplicación de tributos cedidos por el Estado y exigirán las funciones y servicios relativos a la delegación de competencias del impuesto especial sobre medios de transporte.
En cuanto a memoria histórica y patrimonio, la Generalitat planteará el retorno de los fondos documentales sobre Cataluña que están depositados en el Archivo General de la Guerra Civil, en Salamanca, y abordará el Archivo Histórico Provincial de Barcelona. Además, prevé tratar la situación del Palau del Lloctinent en la plaza del Rey de Barcelona y los fondos documentales de Cataluña que están en el Archivo de la Corona de Aragón en Barcelona.