Otra de las medidas de este catálogo es la formación obligatoria de los Agentes de Policía y personal de Administración de Justicia en materia de violencia de género. “Una acción formativa conjunta por los Ministerios de Interior, Justicia e Igualdad, con carácter anual, masiva y multidisciplinar, que tenga las características de curso reglado, certificado y obligatorio”, así está expuesta en el apartado de protección y seguridad recogida en el documento aprobado ayer en el Consejo de Ministros. Además, determina que el curso estará dirigido a “todas y todos los agentes de los cuerpos policiales, con especial atención a las Unidades de Seguridad Ciudadana, y al personal al servicio de la Administración de Justicia no limitado a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, singularmente en los órganos judiciales con competencias en materia de Familia”.

Por otro lado, están las medidas que se sitúan en el ámbito de la prevención y la sensibilización, entre ellas podemos encontrar las ya mencionadas medidas de rehabilitación de los condenados y las campañas de concienciación. La primera de estas medidas contempla la promoción de programas de rehabilitación para los condenados por violencia de género “en aras a cumplir la finalidad rehabilitadora de la pena y lograr la reinserción social de los penados”. La segunda medida tiene el objetivo de informar a las víctimas e interpelar a la población para actuar ante violencia de género por medio de campañas de sensibilización. También, con estas campañas se buscará combatir la violencia sexual y visibilizar los buenos tratos.

Además de estas medidas, en el ámbito de la prevención y la sensibilización podemos encontrar otras, como la promoción de acuerdos de colaboración con grandes proveedores de servicios en línea para evitar que la publicidad ofrezca una visión “cosificadora” de la mujer y para prevenir y actuar frente a perfiles que fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres.

En el ámbito de la detección temprana, podemos encontrar medidas como la elaboración de un “instrumento validado estandarizado” para facilitar la detección de la violencia de género en los servicios de Atención Primaria. Además de la formación específica de pediatras, médicos de familia, sanitarios de emergencia, personal de servicios sociales, trabajadores sociales y personal de servicios consulares españoles en el extranjero, entre otros. 

También, el Gobierno quiere fomentar la autonomía económica de las víctimas. Para ello promoverá la implantación de una “ventanilla única de violencia de género” en la red de Servicios Sociales y en colaboración con las administraciones públicas. Esta medida servirá para la reparación y el acompañamiento a familiares de mujeres asesinadas, informándoles de sus derechos y acompañándoles en el procedimiento de obtener pensiones y prestaciones de orfandad, apoyo psicológico, becas, entre otros. Además, a las víctimas y supervivientes de violencia de género se les ayudará a canalizar las demandas para obtener ayudas económicas, de vivienda y relacionadas con sus derechos laborales.  

Igualmente, en este catálogo se busca mejorar la protección de los niños víctimas de violencia de género, elaborando el primer ‘Plan de Actuación y Desarrollo de los derechos de los niños y niñas como víctimas directas de la violencia de género’. Este plan está dirigido al ámbito judicial, de familia, servicios especializados y servicios sociales.