Desde que está en la oposición, el Partido Popular, se aleja cada vez más del consenso mínimo exigible a una formación con aspiraciones de ser alternativa de Gobierno. Tiene bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el nombramiento del Defensor del Pueblo, entre otros órganos constitucionales; y ahora, abandona el pacto antitrasfuguismo firmado en 1998 con el PSOE precisamente para impedir que cualquier partido llegue al poder (en ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y gobierno de España) con el apoyo de representantes políticos tránsfugas. 

El Partido Popular justifica su decisión porque acusan al PSOE de "pervertir el acuerdo" y por considerar "poco neutral" al comité de expertos que calificó como "tránsfugas" a los cuatro diputados de Ciudadanos de Murcia que permitieron a López Miras mantener la presidencia de la Región. 

Para el Gobierno se trata de "una decisión impropia del primer partido de la oposición" y es una muestra más de su "deriva irresponsable" desde que salieron de Moncloa. Así se expresó este martes la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de Prensa posterior al Consejo de Ministros. Para la ministra de Hacienda este movimiento solo pone de manifiesto "que el PP estaba buscando excusar para abandonar el pacto y poder seguir en el futuro recurriendo a las malas artes en política, a la hora de configurar gobiernos en los distintos niveles administrativos". 

Montero recordó que este importante pacto, vigente desde hace más de veinte años "tiene por objeto evitar y prevenir la corrupción y la compra y venta de puestos, escaños o cualquier otro cargo público". Durante más de dos décadas, tanto PSOE como PP han cumplido y acatado con el pacto lo que permitió que las instituciones no se "vendan" al mejor postor". 

La vicepresidenta Montero afirmó, por tanto, que "desgraciadamente este transfuguismo es una forma más de hacer política del Partido Popular, que recurrirá a ello cuando le convenga, y le da igual si eso debilita o deteriora nuestra democracia", añadió la dirigente socialista. 

En el PP se defienden y afirman que su deseo "no era abandonar el pacto" pero acusan a los socialistas de "pervertirlo" por eso consideran que "el PP no va a ser cómplice de su manera torticera de corromper las instituciones".

Todo se ha precipitado tras la "operación" de Murcia en la que el partido de Casado consiguió neutralizar la moción de censura de PSOE y Ciudadanos "convenciendo" a cuatro diputados del partido "naranja" para que no abandonaran el pacto, con el criterio contrario de su formación. Ahora se excusan los populares arremetiendo contra el ponente del dictamen del Pacto Antitransfuguismo, Rafael Ibaños Reche, al que acusan de imparcialidad por ser ex marido de María Jesús Montero y ser ex dirigente de IU. 

Así, hace unos días remitieron una carta al ministro Miquel Iceta denunciando el Pacto y considerando inválidos los acuerdos que salgan de él. 

El aluvión de críticas a los populares no solo ha venido del Gobierno o del PSOE. Ciudadanos o Unidas Podemos acusan al PP de estar cada vez más lejos del respeto a las instituciones. El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, afirmó este martes que se trata de una decisión lamentable del PP "cuando uno firma un pacto, lo firma para cumplirlo, no lo cumple o lo deja de cumplir cuando le conviene o no le conviene ¿Qué sentido tiene firmar un pacto si mañana voy a utilizar un tránsfuga y digo 'abandono el pacto'?".

La portavoz regional de Podemos en Murcia, María Marín, por su parte acusó al PP de "poner en riesgo la democracia" a la vez que recordó que el pasado mes de noviembre dicho pacto fue actualizado y reforzado por todas las formaciones políticas nacionales excepto por la ultraderecha de Vox. Marín afirmó que el pacto "actuaba como salvaguarda de uno de los principios clave de la democracia representativa, al comprometer a las fuerzas firmantes a no pactar con aquellos representantes públicos que abandonases las filas del partido por el que fueron elegidos". Ahora esto dejará de tener sentido para PP y para sus aliados de la ultraderecha de Vox. 

Y el secretario de organización del PSOE en Murcia, Jordi Arce, explicó que con esta decisión el PP "muestra el uso torticero que hacen de las instituciones allá donde gobiernan". "El Gobierno de López miras ya hizo saltar por los aires ese Pacto el mes de marzo y constata la deriva antidemocrática de Pablo Casado y Teodoro García Egea".