La única forma en la que los gobiernos autonómicos podrían mantener ciertas medidas excepcionales propias del estado de alarma se encuentra en la propia ley reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, la Ley Orgánica 4/1981 que capacita a las comunidades autónomas a solicitar al Gobierno central un “estado de alarma ad hoc”, aplicable solo a una comunidad o territorio concreto que habilite al presidente regional como “autoridad competente”.

 

 

Cada comunidad autónoma está trabajando y estudiando las medidas que pueden tomar a partir del 9 de mayo. En el caso de Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno ha organizado una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río y con la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, para consultar qué medidas podrá tomar el gobierno autonómico tras el estado de alarma. Juanma Moreno también ha propuesto un certificado que permita la movilidad entre comunidades de las personas inmunizadas.

 

 

En el caso de Aragón, la presidenta de la comunidad, Mayte Pérez, se muestra tranquila con el desconfinamiento de la comunidad autónoma pero apuesta por seguir controlando aforos en los espacios públicos. En cambio, el gobierno de Asturias quiere limitar los horarios y actualizar las medidas para mantener los cierres perimetrales municipales en escenario de riesgo extremo.

 

 

El gobierno de las Islas Baleares considera que se debería mantener el toque de queda y los controles en puertos y aeropuertos y para ello ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez un decreto ley que regule estas medidas excepcionales. Al igual que Baleares, Canarias ha solicitado medidas extraordinarias, también relacionadas con el control sanitario en puertos y aeropuertos y el control de aforos.

 

 

Por otra parte, Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria ha asegurado que la comunidad acabará con el cierre perimetral el próximo 9 de mayo. En cambio, Castilla y León quiere mantener las restricciones tras el fin del estado de alarma. Castilla-La Mancha, por su parte, prepara una estrategia de desescalada “sin ir de 0 a 100, de negro a blando o del todo a la nada” y pide al gobierno la posibilidad de imponer medidas excepcionales si estas fuerab necesarias. 

 

 

En el caso de Cataluña, el gobierno autonómico está estudiando la posibilidad de reformar el decreto 27/2020 a fin de mantener el toque de queda y poder llevar a cabo medidas restrictivas sin el amparo del estado de alarma. Extremadura está trabajando en un “semáforo COVID” para poder establecer los aforos según zona y actividad para apoyar al sector turístico sin estado de alarma.

 

En Galicia han realizado un informe justificado y motivado que enviarán al Tribunal de Salud de la Xunta de Galicia a fin de que este apruebe las medidas y en La Rioja estudian los escenarios que se podrían encontrar y las medidas que podrían llevar a cabo.

 

 

La Comunidad de Madrid ha propuesto modificar la Ley de Salud Pública, la de cohesión del SNS y la Ley general de Sanidad para tener herramientas para controlar el virus una vez pase el estado de alarma y, aunque mantendrán la comunidad abierta, la presidenta Isabel Díaz Ayuso quiere mantener el toque de queda. 

 

 

En Murcia piden al presidente del Gobierno central dialogar sobre las herramientas necesarias tras el estado de alarma y el País Vasco pide al gobierno un “estado de alarma a la carta” aunque el lehendakari Iñigo Urkullu se muestra más partidario de mantener el estado de alarma.

 

 

El Principado de Navarra quiere mantener las medidas necesarias para el control del virus pues al tener una incidencia acumulada muy alta consideran que se debería mantener el cierre perimetral, las reuniones tan solo entre convivientes y el toque de queda.

 

 

A diferencia de Navarra, la Comunidad Valenciana mantiene desde hace seis semanas una incidencia acumulada bastante baja por lo que el presidente Ximo Puig se muestra esperanzado y abierto al fin del estado de alarma.