Durante la CSI, la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de Género, Noelia Vera ha explicado que el Plan de acción urgente contra la trata y la explotación sexual que se ha puesto en marcha "incluirá la elaboración de una Ley Integral de Trata” para la que se ha abierto ya “la consulta pública previa” para poder “recoger todas las aportaciones que sean necesarias para la puesta en marcha de la norma”.

La Ley Integral de Trata, “que será pionera" incluirá, además de “la forma más característica de trata como es la que tiene fines de explotación sexual y constituye una forma extrema de violencia contra la mujer”, “la trata con fines de explotación laboral, de mendicidad y que pondrá toda la atención en un enfoque de derechos humanos, interseccional y feminista”.

Además, Noelia Vera ha indicado que este Plan también incluye el Anteproyecto de Ley de Libertad Sexual, que será debatido en el Parlamento en las próximas semanas. Una ley para proteger a todas las víctimas de violencia sexual, dentro de la que se “incluye la trata, explotación y proxenetismo" y que mejorará las “herramientas que necesitan los aplicadores del derecho en el sentido que señalaba la memoria de la fiscalía”.

La secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de Género ha informado de que también lanzaran desde el Ministerio de Igualdad un Plan Nacional de inserción socio-laboral para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución que se enmarcará en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia pero, para el que aún no tienen “autorización de gasto” que se aprobará “pronto” en el Consejo de Ministros.

Asimismo, durante la pandemia se aprobaron diferentes medidas que, unidas a este plan, son el núcleo central de las medidas abolicionistas y para la protección de los derechos de las mujeres que está tomando el Ministerio de Igualdad. Por ejemplo, el modelo de acreditación a efectos socioasistenciales para las víctimas de trata y explotación sexual, el acceso al IMV para las víctimas de estas violencias, incluso en situación administrativa irregular; o el cierre de los prostíbulos durante la pandemia junto a la la recuperación de la tercería locativa para la persecución de la industria proxeneta.

Noelia Vera ha asegurado que su equipo esta convencido de que es necesario “ofrecer alternativas y mejores condiciones de vida a esas mujeres que han visto como hasta ahora sus derechos no dejaban de ser vulnerados”

Durante la CSI se ha aprobado la distribución del crédito destinado al desarrollo del Plan Corresponsables para el año 2021 (190 millones de euros a repartir) y los criterios de distribución de la inversión destinada al Plan "España te protege (III) - creación de servicios de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual" que también forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La inversión para el Plan Corresponsables se ha distribuido entre las comunidades y ciudades autónomas, a excepción de País Vasco y Navarra, según criterios objetivos y tendrá cinco principales ejes de acción: facilitar la conciliación de las familias con la creación de bolsas de cuidado profesional, crear empleo en el sector del cuidado de niños y niñas de calidad, dignificar el trabajo de cuidados con la certificación de experiencia y el establecimiento de atención psicosocial y apoyo a estos trabajadores, sensibilizar en corresponsabilidad a mujeres y hombres y la elaboración de un Mapa Estatal de Cuidados que facilite el acceso a la información sobre las experiencias que hayan tenido otros usuarios en materia de cuidados de la AGE y de las CCAA.

Por otra pate, al Plan España te protege (III) - creación de servicios de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual” se destinarán 19.800.000 millones de euros y se distribuirá igualmente de forma objetiva entre las CCAA y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Este plan consiste en la creación de centros de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todas las provincias y las ciudades con Estatuto de Autonomía. Los centros ofrecerán acompañamiento e información telefónica, telemática y presencial las 24 horas del día todos los días del año de forma gratuita y facilitarán atención psicológica, jurídica y social para víctimas, familiares y personas del entorno aunque la entrada en funcionamiento del centro tendrá que estar precedida de la aprobación de un protocolo de actuación y coordinación interno e interinstitucional con la red de servicios de atención, protección y asistencia a víctimas.