El Congreso de los Diputados ha aprobado por una amplia mayoría el Proyecto de Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. La necesidad de proteger a los menores ha provocado que la norma consiga una mayoría absoluta holgada con 268 votos a favor, 16 abstenciones de EH-Bildu, JuntsxCat, PDeCAT y Navarra Suma y la negativa de 57 diputados Vox y el PNV. Se espera que la ley pueda hacerse oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en junio.

Esta medida, que Pablo Iglesias llamó ‘Ley Rhodes’ por el pianista que sufrió abusos en su infancia, tiene el objetivo de defender los derechos de los menores ante cualquier violencia que reciban, ya sea física, mental o ciberacoso y promueve estrategias para la detección de estos delitos, la protección de los niños y adolescentes y ayudas para que las víctimas superen la situación.

El proyecto de ley ha añadido 200 enmiendas propuestas por los diferentes partidos y más de 60 transacionales y se espera que en su paso por el Senado incorpore más. Una de estas enmiendas ha sido la ampliación del plazo en el que delitos graves como la pederastia prescriban. En concreto, ahora se suman cinco años más hasta que queden prescritos estos hechos, debido a que muchas de las denuncias en estas situaciones se producen al paso de los años y esta prescripción comenzará a contar cuando la víctima cumpla 35 años. Aquellas personas que cometan delitos graves contra la indemnidad y libertad sexual de los menores verán endurecidas sus opciones de acceder a permisos penitenciarios.

La norma incluye la novedad de tratar la ley con perspectiva de género incorporando medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género. Además, defiende que la víctima tiene el derecho a ser escuchado e informado de los procesos, que cualquier ciudadano tiene el deber de denunciar si conoce algún delito de este tipo y se instauran medidas para evitar la victimización secundaria cuando la víctima recibe una atención deficiente que le hace revivir su trauma.

También se ha creado el ‘coordinador de bienestar y protección’ con el objetivo de que haya uno en todos los colegios, se persigue la obligación de los centros de menores tutelados de garantizar la seguridad y recoge como delito la violencia que se produce a través de Internet.

Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales se ha dirigido a los menores que han sufrido estos delitos: “Si alguien trata de haceros sentir culpables por lo que os ha pasado quiero que escuchéis atentamente mis palabras: nada de lo que os haya pasado es vuestra culpa, pedid ayuda porque alguien va a ayudaros”.