El titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid y juez del ‘caso Neurona’, Juan José Escalonilla, ha acordado el archivo de otra de las investigaciones abiertas de la macrocausa en contra el partido político Podemos y algunos de sus miembros, la cual se abrió en verano del 2020 tras la denuncia de José Manuel Calvente, un antiguo abogado del partido enfrentado con la cúpula. En concreto, Escalonilla ha cerrado el caso relativo a la existencia de supuestos sobresueldos irregulares que habían sido cobrados por dos trabajadores del partido, la gerente Rocío Esther Val y el responsable de Finanzas y Trasparencia Daniel de Frutos. A juicio del magistrado, el Consejo de Coordinación conocía las retribuciones y, por lo tanto, descarta que sea un delito de administraciones desleal que presente algún tipo de irregularidad, ya que dichas cantidades estaban incluidas en las nóminas de los trabajadores y sujetas a Hacienda. Con este nuevo archivo, ya son cinco las líneas de investigaciones archivadas del ‘caso Neurona’, aunque una de ellas se ha reabierto por orden de la Audiencia Provincial.
El archivo de las denuncias contra Podemos sigue su curso. Este martes, el titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid y el juez encargado del ‘caso Neurona’, Juan José Escalonilla, ha archivado otra de las líneas de investigación abiertas contra el partido político Podemos y varios miembros de su cúpula, que comenzó en verano de 2020 a manos del exabogado de Podemos José Manuel Calvente.
En este caso, Escalonilla ha negado la existencia de un delito de administración desleal y la aparición de alguna irregularidad con respecto a los presuntos sobresueldos cobrados por Rocío Esther Val y por Daniel de Frutos, la gerente y el responsable de Finanzas y Transparencia del partido. Los complementos en cuestión son de 210 euros y de 400 euros al mes para la gerente y el tesorero, respectivamente.
Esta denuncia fue presentada por Calvente, junto a otra exabogada del partido, Mónica Carmona. En ella alegaban que los complementos recibidos por Val y de Frutos no figuraban en las tablas salarias de la formación morada, calificándolos de “indebidos, desproporcionados y por conceptos no autorizados”.
No obstante, tras la correspondiente investigación, el juez Escalonilla ha dictaminado que el Consejo de Coordinación conocía las retribuciones y que, por ello, no se puede hablar de un delito de administración desleal: “no se trata de gastos unilateralmente cargados por dichos investigados, sino de gastos aprobados en sus respectivas áreas, por lo que no cabe apreciar indiciariamente irregularidad alguna”.
El archivo de esta causa pone sobre la mesa que estos sobresueldos, calificados en un primer momento como irregulares, estaban incluidos en las nóminas de los trabajadores y, por lo tanto, sujetos a las correspondientes retenciones de Hacienda.
Ante este hecho, la fuerza política liderada por Pablo Iglesias, insiste en su inocencia plena de todo lo que se le acusa, asegurando que todo son “rumores”.
Líneas cerradas y líneas abiertas
Desde julio de 2020, Escalonilla se encuentra investigando y averiguando los entresijos sobre los que se acusa al partido de la izquierda. Así, junto a este caso de sobresueldos, el juez ha ido descartando otros por falta de indicios, como son el relativo a un contrato de consultoría con la empresa ABD Europa, el sobreprecio en las obras de reforma de la sede del Podemos, el presunto acceso sin autorización al ordenador de una trabajadora del partido, y por último, la donación de 30.000 euros que la Caja de Solidaridad del partido hizo a la entidad 404 Comunicación Popular.
Sin embargo, este último caso, que trata sobre el supuesto desvío de dinero de la Caja de Solidaridad, un fondo al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales, ha sido reabierto por orden de la Audiencia Provincial, que ha pedido profundizar más sobre el asunto.
En cuanto a las líneas que aún se encuentran pendientes, el juez ha ordenado abrir tres causas “independientes”, denunciadas por Carmona. La primera de ellas versa sobre el presunto cobro de Pablo Iglesias, líder del partido, de las costas procesales; el segundo, sobre el presunto uso de una asesora del partido como niñera por parte de Irene Montero, la ministra de Igualdad; y el tercero, sobre las supuestas donaciones irregulares de la fuerza política a una entidad social y a la fundación Instituto 25-M.
Asimismo, cabe resaltar que se ha abierto una investigación nueva, relativa al pago de 26.200 euros al cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por cuenta de Neurona Consulting en diciembre de 2018 y por la que este lunes declaró en sede judicial en calidad de imputado.