La Secretaria de Estado de Seguridad ha diseñado un plan estratégico de cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y los operadores jurídicos cuyo objetivo principal es prevenir los ciberataques que sufre el Ministerio. Para conseguirlo, el plan trata de mejorar las capacidades de sus organismos para responder ante estas situaciones y ser capaces de hacerlo ante los diferentes tipos de ciberataques. De esta manera, se pretende generar un nuevo impulso operativo y técnico eficaz que garantice la protección de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana. El Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad dota al Ministerio del Interior de los recursos necesarios para hacer frente a esta situación en cinco áreas de actuación: detección, prevención, protección, respuesta y persecución, así como la adecuada atención a las víctimas.

La iniciativa se basa en seis objetivos específicos para poder conseguir el fin global: promover la cultura de prevención de la cibercriminalidad entre la ciudadanía y la empresa, impulsar la formación y la especialización de los miembros de las FCSE en materia de ciberseguridad y cibercriminalidad, incrementar y mejorar el uso y disposición de las herramientas tecnológicas e implementar el ámbito de la I+D+i, gestionar adecuadamente la información disponible en el ciberespacio, promover un marco legal e institucional que dé solución a los desafíos que surjan relacionados con la ciberseguridad y la cibercriminalidad e impulsar la coordinación a nivel nacional e internacional y favorecer la colaboración entre el sector público y privado.

Para conseguir los objetivos, el plan cuenta con casi 50 líneas de actuación que siguen seis ejes estratégicos: cultura de prevención de la cibercriminalidad, potenciación de capacidades, generación de ciberinteligencia, coordinación nacional y cooperación internacional, generación de un marco normativo adecuado y colaboración público-privada.

Este plan estratégico se ha desarrollado debido al crecimiento de los ataques informáticos en todo el mundo y en todos los ámbitos que aumenta a la vez que se incrementa el uso de las tecnologías y las comunicaciones. Según estimaciones de la Comisión Europea, el costo de la ciberdelincuencia para la economía global en el año 2020 fue de 5,5 billones de euros, lo que representa la mayor transferencia ilícita de riqueza, superior ya a la que se deriva del tráfico global de drogas. Como ejemplo cercano, este martes se produjo un ciberataque al sistema informático del SEPE que aún hoy continúa con el sistema paralizado después de dos días consecutivos.

El Ministerio del Interior recoge que en 2015 se conocieron un total de 83.058 hechos relacionados con la cibercriminalidad, cifra que ha ascendido a 218.302 a finales de 2019, lo que supone un incremento del 162,8 por ciento en apenas cinco años. Si en 2015 la ciberdelincuencia representó el 4,1 por ciento del total de la criminalidad conocida, a finales de 2019 esta tasa había escalado hasta el 9,9 por ciento.