El Ministerio de Transportes y Agenda Urbana dirigido por José Luis Ábalos trabaja en la nueva Ley de Vivienda con el fin, entre otras cosas, de controlar los precios excesivos del alquiler. Dadas las habituales prisas de Podemos, el socio al que han invitado a aportar sus propuestas para esta ley, quieren que la regulación de los precios del alquiler, aunque esté el proyecto en el tramo que esté, quede lista para este mes de marzo dentro de la nueva Ley de Vivienda (que corresponde elaborar al Ministerio de Ábalos) y lejos de entender entender, que la pandemia ha trastocado todos los plazos obligando a asumir otras prioridades como atajar los contagios y salvar vidas.

De forma pragmática y para que la ley no conculque otros derechos de otros protagonistas del sector vivienda, Ábalos plantea, entre otras cosas, otorgar beneficios fiscales a propietarios para que ellos mismos regulen el precio, sustituyendo lo requerido por el socio minoritario que pasa por la intervención del mercado.

Pablo Iglesias, en su afán por controlarlo todo, ha querido entrar directamente en la elaboración de esta Ley ya que era una promesa de sus tiempos asamblearios. Lo cierto es que ante la insistencia del líder de UP, Ábalos admitió que contarían con sus propuestas para la creación de la nueva Ley (que como decimos es competencia del Ministerio de Agenda Urbana) y que se estudiaría la mejor manera de conseguir los objetivos, que son facilitar el acceso a la vivienda y controlar el precio del alquiler. El acuerdo recogía que la normativa serviría para “habilitar a las Comunidades Autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda desarrollado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica”.

Lo cierto es que el Partido Socialista lleva trabajando en este propuesta de Ley, con la necesidad de rebajar los precios disparados del alquiler urbano varios años, y concretamente con un borrador desde la pasada legislatura cuando gobernaba el Ejecutivo de Sánchez en minoría. El plan se basa en la concesión de incentivos fiscales para todos aquellos propietarios que ofrezcan precios por debajo del 20% de la media de su mercado. Además de otra seríe de medidas que facilitarían el acceso a una vivienda y harían posible bajar los precios de los solicitantes de alquiler, sin dejar completamente desasistidos a los propietarios, ya que muchos viven del alquiler de sus viviendas, en las que han invertido los ahorros de toda una vida. Y muchos de ellos ni siquiera tienen pensiones importantes, ya que en su mayoría son autónomos.

De esta forma, se elaboraría un índice público de precios de alquiler, como el que se elaboró ya el pasado año, para que los propietarios que cumplan los requisitos de precio y renta puedan acogerse a deducciones del 60% del IRPF o, incluso, el 100% si su inquilino es joven y con renta baja. Ahora, todos los propietarios disfrutan de esta bonificación del 60% a la que solo podrían acceder si se aprobara la medida al cumplir los requisitos estipulados.

“Durante el primer año se celebraron 242 contratos de arrendamiento para 10.417 solicitudes. El motivo principal del fracaso es que, para los propietarios, los beneficios fiscales que incluye la iniciativa no resultan atractivos”, escriben los de Podemos en ElDiario.es, “señalan que la tabla de alquileres registra precios muy inferiores a los de mercado, por lo que los ahorros con Hacienda no son suficientes para compensar las pérdidas que implicaría la participación en el programa”.

Según lo recogido en el acuerdo firmado entre socios “se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica”. Esto también servirá para declarar “de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas”. De ahí partirían los criterios para establecer precios y regular los alquileres.

Los nuevos plazos se sitúan en marzo aunque dependerán de las negociaciones aún pendientes y el desarrollo de la pandemia, que ha establecido otras prioridades. El Gobierno de Sánchez, está inmerso en una labor pedagógica para con su socio, a quien le pide madurez democrática y que se sitúen donde están, en el Gobierno de España, por tanto, todas las negociaciones llevan su tempo y su estrategia, y les piden que dejen de comportarse como adolescentes, filtrando permanentemente a la prensa cualquier desavenencia, algo inédito dentro del mismo Gobierno.