Solo han hecho falta dos días del juicio por las “papeles de Bárcenas” que juzga el supuesto uso de dinero negro para remodelar la sede del PP en la calle Génova, para que aparezcan los primeros “perjudicados” del cambio de estrategia del ex tesorero de los populares, Luis Bárcenas, que apuesta ahora por colaborar con la Justicia y contar todo lo que sabe. Bárcenas afirma que un empresario de su confianza se reunió con el abogado del PP, Jesús Santos, con la intermediación del que entonces era magistrado de la Audiencia Nacional, Enrique López. El ahora consejero de Justicia en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso primero negó los hechos y luego lo confirmó, lo que le deja tocado políticamente. López no es una pieza menor y con 30 años de carrera judicial ha sido también magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Partido Popular. Pero tuvo que dimitir porque la policía de Madrid le paró en pleno Paseo de la Castellana conduciendo una moto, sin casco y saltándose un semáforo. Para completar su hazaña, dió positivo en el posterior control de alcoholemia. Ese suceso supuestamente acabaría con su carrera judicial, pero le abrió las puertas de su carrera política, bajo las siglas de su partido preferido, el PP.
El juicio ha sido suspendido hasta la próxima semana por el positivo en Covid de uno de los acusados, pero en estas dos sesiones se ha podido comprobar dos cuestiones importantes: La primera es meramente judicial y se centra en la dificultad que tendrá Bárcenas en demostrar sus acusaciones. Y la segunda es exclusivamente política, y es que el relato del ex senador popular puede dejar por el camino un reguero de dirigentes el PP pasado y actual obligados a dar muchas explicaciones, entre ellos, el propio Pablo Casado o algunos de sus hombres de confianza, empezando por su número dos, Teodoro García Egea.
De García Egea, la mano derecha de Casado, ahora se sabe que facilitó el whatsapp, en el que entre Ignacio Cosidó y el presidente madrileño, Ignacio González, se repartían los cromos de la magistratura y hablaban de que "tenían controlada la Justicia por la puerta de atrás". ¿Se entiende ahora el altísimo interés del Partido Popular en bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial?.
Cuando el pasado miércoles 3 de febrero, Luis Bárcenas envió un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en la que se ofrecía a contar todo lo que sabe en el juicio sobre la contabilidad B del PP y sobre el posible pago en dinero negro de la remodelación de la sede de la formación en la calle Génova, los dirigentes de la formación se pusieron en alerta por lo que se les venía encima.
Desde entonces, Pablo Casado se esfuerza por intentar encuadrar los hechos en una época pasada y que su actual dirección está muy alejada de lo que pudo pasar. Eso sí, por si acaso, volvió a enviar un mensaje y dijo que no le temblará el pulso si se demuestra en los juzgados que alguna persona vinculada al partido tuvo algo que ver con aquel tiempo de corrupción generalizada. Dio a entender que en sus palabras también está incluido el mismísimo expresidente Mariano Rajoy. Pero en tan solo dos días de juicio ya ha aparecido la primera vinculación de “aquellos tiempos pasados” con los actuales mandatarios del PP: Enrique López, consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y secretario de Justicia del PP que Casado nombró el año pasado.
Luis Bárcenas ha contado que un empresario de su confianza se reunió con el abogado del Partido Popular, Jesús Santos, para que mediara entra ambos y se negociara el supuesto silencio del ex tesorero a cambio de tratar que la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, no entrara en prisión, algo que no se ha cumplido. El intermediario de esos encuentros fue Enrique López cuando ocupaba una plaza de magistrado en la Audiencia Nacional. Ahora, López ha dado el salto de la judicatura a la política y engrosa las filas del PP. De hecho, su cercanía a los populares siempre ha sido patente y le costó ser recusado, precisamente, en el juicio de la Gürtel por sus evidentes vínculos con la formación. Ahora, tiene tanto peso en los populares que fue la persona a la que Pablo Casado encargó la negociación con el PSOE de la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
El propio consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, y mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, negó los hechos para poco después reconocer que fue él el que propició aquellos encuentros. Además, no fueron reuniones aisladas ya que las informaciones publicadas por El Mundo y El Confidencial aseguran que se produjeron más entre 12 y 20 reuniones para “negociar” la estrategia de Bárcenas ante los jueces. Y las últimas reuniones se produjeron hace tan solo unos pocos meses. Por tanto, se cae el relato de Casado de que aquí se tratan temas del pasado lejano. No es la primera vez que Bárcenas y el PP llegan a un acuerdo. De hecho, el es tesorero retiró la demanda contra la formación por su despido y por la destrucción de sus ordenadores como muestra de su predisposición a colaborar con el PP. Y luego ha contado que mientras que él cumplía con su parte los populares nunca lo hicieron.
El PSOE de Madrid, ya ha pedido a través de su portavoz Ángel Gabilondo la dimisión del consejero de Justicia Enrique López, por lo que ha destapado Bárcenas. Para Gabilondo “nosotros hablamos desde la información que disponemos. De ser esto así, el consejero debería dimitir. Es cierto que nosotros queremos escuchar y el entorno del consejero ha restado importancia, pero debe explicarse con claridad”.
Además, los socialistas madrileños han registrado una iniciativa en la Asamblea de Madrid para reprobar al consejero y que la activarán si “no aporta explicaciones convincentes”.
La primera derivada del juicio que ha dado de lleno a Enrique López podría ser solo el principio de los muchos problemas políticos que le podría afectar al Partido Popular. La vertiente política es la que más le preocupa a Pablo Casado. En plena campaña electoral de las elecciones catalanas que se celebran el próximo domingo, los aldabonazos de Bárcenas desde la Audiencia podrían empeorar la situación de los conservadores.
Ya se prevén unos malos resultados del PP catalán el 14 de febrero y, lo que es peor, el ‘sorpasso’ de la ultraderecha de Vox en el parlamento catalán. Casado ha querido quitar importancia a este hecho, pero ya hay voces dentro del partido que reclaman abiertamente una refundación del partido, que inevitablemente llevaría a la adopción de unas nuevas siglas, alejadas de la corrupción que se sigue investigando e incluso el cambio de la sede del partido en la Calle Génova que se podría convertir en el principal símbolo de los casos que quedan por juzgar en los tribunales.
Por el lado judicial, los problemas los tiene Bárcenas. Condenado ya por la primera etapa de la trama Gürtel, aún le quedan otros juicios en los que se le pide también largas penas de prisión. Y aunque ahora esté dispuesto a colaborar, debe también demostrar en sede judicial que lo que cuenta es cierto. Su relato a nivel político será demoledor, pero no lo será tanto en el aspecto judicial.
De momento, ha pedido un careo con el propio Mariano Rajoy a quien acusa de ser uno de los beneficiarios de los sobres que repartían con dinero negro. También ha pedido la comparecencia de cuatro periodistas que dice que podrían tener una grabación de Álvaro Lapuerta en la que habla abiertamente del dinero que se le pagaba a la cúpula del PP, incluido su presidente Rajoy. Pero la fiscalía, la abogacía del Estado y las defensas en este juicio dudan de que estas aportaciones de Bárcenas arrojen luz sobre los hechos que se juzgan.
Sin embargo, la periodista Carmen Morodo, cuenta en La Razón que en el seno del PP se teme que Luis Bárcenas cuente con documentación que pruebe que algunos ex dirigentes populares contasen (como él) con cuentas en Suiza. La operación Kitchen ya supuso para Bárcenas la pérdida de muchos papeles que demostrarían lo que cuenta pero nunca se sabe con certeza si le quitaron todo y ese es el miedo que ahora inunda los despachos de la calle Génova.