El proyecto de Ley Trans establece el cambio de nombre y sexo legal sin necesidad de pruebas médicas o psicológicas, al tiempo que blinda “el derecho a la identidad de género libremente manifestada”. Así consta en el borrador de la ‘Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans’, que ha diseñado el Ministerio de Igualdad y que se pretende llevar al Consejo de Ministros en la primera quincena de febrero.

La norma elimina la despatologización de la transexualidad y recoge como único requisito para el cambio en el Registro Civil la declaración expresa de la persona. “El ejercicio de este derecho en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico alguno, ni la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole, sin perjuicio del derecho de la persona interesada a hacer uso de tales medios”, recoge el texto.

Este será un derecho que se podrá ejercer a partir de los 16 años sin consentimiento paterno. No obstante, los adolescentes entre 12 y 16 sí necesitarán el aval de sus familias y si no se llega a un acuerdo, el menor tendrá un defensor judicial. Los menores también podrán someterse a tratamientos hormonales y de bloqueo del desarrollo sexual.

Esta nueva norma prevé dar mayores facilidades a las personas transexuales ya que, actualmente, cualquier persona que quiera cambiar de sexo es obligada a contar con un informe psicológico que diagnostique disforia de género y esa persona también debe haber estado dos años, como mínimo, en hormonación.

Otros puntos del proyecto

Aparte del reconocimiento del derecho a la identidad de género libremente manifestada, el cambio de sexo en el registro no alterará las causas jurídicas abiertas con anterioridad a la modificación registral. Esta es una medida que tranquiliza a los colectivos feministas, que temían que algunos agresores acudiesen a esta ley para evitar las penas que establece la ley de violencia de género.

Asimismo, se abre la puerta a que no se especifique el sexo en los documentos oficiales de identidad, con el fin de atender a aquellas personas que no se identifican con el género masculino ni con el femenino.

También se garantiza la atención sanitaria a las personas transexuales y se prohíbe obligarlas a que se sometan a tratamiento. Se ofrecerá tratamiento hormonal, terapia de voz, cirugías genitales, mamoplastias o mastectomías.

En el ámbito educativo, se garantiza el derecho de los alumnos a exteriorizar su identidad de género, por lo que se deberá respetar su imagen física o la elección de su indumentaria.

En el ámbito deportivo, estas personas participarán según su sexo registral y no se podrán realizar pruebas de verificación de sexo.

En el ámbito laboral, se establecen incentivos para la contratación de personas transexuales desempleadas, con especiales dificultades para incorporarse al mercado laboral.

Para concluir, el derecho a la identidad de género libremente manifestada se reconocerá también a los extranjeros que se encuentren en España, sin basarse en su situación administrativa.

La oposición del PSOE

Esta norma, al igual que la LGTBI y la Ley de igualdad de trato, es una ley que forma parte de las medidas antidiscriminatorias pactadas en el Gobierno de coalición, aunque están creando importantes discrepancias en su seno.

En este sentido, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se han reunido en distintas ocasiones para trabajar sobre los borradores de la Ley Trans y la Ley LGTBI, pero según recalcan fuentes del PSOE la base de estos proyectos son “la posición de Igualdad”, no un texto de Gobierno como tal.

Frente a las disputas, el PSOE ha comunicado sus deseos de fusionar ambos borradores, algo a lo que el Ministerio de Igualdad se opone rotundamente. Todo esto viene de la decisión por parte de Unidas Podemos de incluir en la redacción de la norma el cambio de sexo legal sin necesidad de requisitos previos sin consultarle a su socio de Gobierno, ya que el PSOE lleva dejando clara su oposición a la libre autodeterminación de género durante meses.

“Estamos en contra de los posicionamientos que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos”, señalaron los socialistas el pasado mes de junio.