El secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y el Secretario General de Universidades, José Manuel Pingarrón, han presidido la reunión del Observatorio de Becas, Ayudas al Estudio y Rendimiento Académico, en la que han presentado las principales novedades de la reforma del sistema de becas de cara a la elaboración del Real Decreto de Umbrales para el curso 2021-2022, que establece los requisitos para la obtención de becas en ese curso. Esta convocatoria contará con 128 millones de euros más para responder a la bajada de las rentas provocada por la pandemia.

Además, con la llegada de la LOMLOE se reconocerá como “derecho subjetivo” de los estudiantes que reúnan los requisitos necesarios para recibir las becas. Estas medidas están recogidas dentro de los compromisos del Gobierno en materias educativas aumentando el presupuesto en un 35% hasta alcanzar los 2.090 euros en 2021, la mayor cifra destinada a las becas hasta el momento.

El Gobierno continúa con la reforma del Sistema Estatal de Becas y Ayudas al estudio, una de las prioridades del Ejecutivo iniciada en 2018. El objetivo de esta transformación es que estas ayudas lleguen a los estudiantes que más las necesitan, garantizando su acceso y permanencia en el sistema educativo. El pasado mayo el Gobierno en coalición anunciaba unas primeras medidas que pretendían aumentar el presupuesto dedicado a este departamento en un 22’6% hasta alcanzar los 1.900 millones de euros. Al final del año este presupuesto vio su aumento en el 35% hasta alcanzar los 2.090 euros en 2021, la mayor cifra destinada a las becas hasta el momento.

Con este fin, en la pasada convocatoria se introdujeron cambios en los requisitos académicos (estableciendo el aprobado como nota de acceso a estas ayudas), se incrementaron en 100 euros las cuantías fijas y se elevó el umbral 1 de la renta hasta casi equipararlo al umbral de la pobreza. A estos cambios hay que añadir las medidas extraordinarias adoptadas para paliar las consecuencias de la pandemia, como la modificación de los requisitos de reintegros de becas y de concesión de ayudas para no perjudicar a los alumnos y alumnas que se hayan visto afectados en sus resultados académicos o la exención de matrícula para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

Estas medidas se basaban en “democratizar el derecho a la educación superior y aumentar el número de estudiantes que acceden a las universidades”, según explicaba el ministro de Universidades, Manuel Castells, cuando se presentó la resolución.

“Todas estas medidas introducidas en la convocatoria de becas, así como el incremento de la financiación respecto al curso anterior están encaminadas a atender el incremento de solicitudes que se pueda derivar de las consecuencias de la pandemia y a abonar el aumento en las cuantías de los solicitantes afectados por la crisis”, ha señalado el secretario de Estado de Educación.

Otra de las propuestas presentadas en el Observatorio por el Ministerio de Educación y FP y el Ministerio de Universidades es la reforma de la gestión administrativa que permitirá en el curso 2022-2023 adelantar la notificación de la resolución sobre la solicitud de becas. De esta forma, los estudiantes podrán saber antes del inicio del curso si cumplen los requisitos económicos para recibir o no estas ayudas y planificar así su curso académico.

La gestión de las solicitudes es un proceso complejo que implica a varias administraciones y que requiere cambios de calado en el actual sistema. No obstante, es una línea de trabajo prioritaria anunciada por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, a principios de 2020.

En esta misma línea, para facilitar a los ciudadanos la búsqueda e identificación de las distintas convocatorias de becas, ambos Ministerios van a proponer a las Comunidades Autónomas la creación de un portal común que recoja tanto las iniciativas estatales como las autonómicas. Se atiende así una reclamación histórica de las asociaciones de estudiantes.

Durante la reunión del Observatorio se ha recordado que, con la entrada en vigor de la LOMLOE, se reconoce el “derecho subjetivo” de los estudiantes que reúnan los requisitos necesarios para recibir las becas, una de las demandas surgidas en la comunidad educativa tras los cambios introducidos en 2013.

Este incremento, acompañado de las medidas para facilitar el acceso a las ayudas, estaba recogido en los compromisos de los Presupuestos Generales del Estado 2021 y de la nueva Ley Educativa conocida como Ley Celaá.