La Comunidad Valenciana no administrará una segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus a las personas que se hayan saltado el protocolo marcado para recibir la primera. Así lo ha anunciado Ana Barceló, consejera de Sanidad, aunque la decisión aun no es definitiva, en línea con lo declarado por el presidente, Ximo Puig, cuando los escándalos de vacunación irregular comenzaron a surgir. En esta región se calcula que cerca de 200 personas han recibido el suero saltándose el turno de espera y la lista continúa creciendo. El último nombre más sonado, el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta, que presentó su renuncia a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, pocas horas después de que se revelara la información.

Barceló ha solicitado un informe al Comité de Bioética de la Comunitat Valenciana para evaluar la procedencia de continuar o no con el proceso de vacunación de todas las personas que se han saltado la legalidad. Este texto no es vinculante pero la decisión definitiva se tomará a partir de lo que dictaminen. Por el momento, la consejera ha instruido a la Dirección General de Salud Pública para que adopte las medidas acordadas y evite la administración de una segunda dosis a estas personas.

En la lista de vacunados de manera irregular en la comunidad destacan los nombres de cinco alcaldes que continúan sin dimitir, así como la del Fiscal Jefe que sí ha presentado su dimisión. De estos alcaldes, tres socialistas en El Verger, Els Poblets y Rafelbunyol y otros dos populares La Nucía y Villahermosa del Río. Sanidad además estudia a las cerca de 200 personas en un grupo formado por concejales, familiares, amigos, diputados provinciales y funcionarios.

La medida tomada por el momento por parte de los socialistas de Ximo Puig ha sido la suspensión de las competencias de estos tres alcaldes ante su negativa a dimitir. “Nosotros hemos hecho lo que podíamos hasta ahora, que es suspender de militancia a estos alcaldes y alcaldesa”, declaraba Puig ante la acción “reprobable” que han cometido. Por su parte, el PP solo ha retirado las competencias al alcalde de La Nuncía. Ciudadanos presentó una propuesta en el pleno del Ayuntamiento el jueves, aprobada por unanimidad, pidiendo la dimisión de todos los cargos públicos que se hayan vacunado de forma indebida, dimisiones que aún no llegan. En esta propuesta también pedían a la Generalitat una publicación de la lista con todos los nombres de las personas que se han saltado los protocolos.

Aun así, las excusas de los alcaldes continúan. El alcalde de El Verger, Ximo Coll y la alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives, que forman un matrimonio, declaran que recibieron una llamada del centro de salud indicando que parte de los sanitarios “no deseaban o no podían” ponerse la dosis y acudieron junto a la Policía Local y la Guardia Civil. Sus excusas, que “sobraban algunas dosis” y que prefirieron vacunarse antes que tirarlas “a la basura”. El alcalde de Rafelbunyol en Valencia sí que ha pedido disculpas explicando que se puso la vacuna como muestra “de confianza, tranquilidad y seguridad a la ciudadanía” cuando se lo ofrecieron al acudir a la primera jornada de vacunación en la residencia del municipio el pasado 27 de diciembre. Después comprendió que “no fue la mejor decisión”, según explicaba para Europa Press. Por su parte, el alcalde popular de La Nuncia, Bernabé Cano, trasladaba la culpa al responsable de Salud Pública que tomó la decisión de vacunarle en su vista a la residencia Savia, mientras que el de Villahermosa justifica su vacunación como “personal de primera línea” al haber realizado tareas asistenciales, de las que no existen constancia, en una residencia de ancianos.

El que sí ha dimitido es el Fiscal Jefe de Castellón, José Luis Cuesta, que presentó su renuncia a Dolores Delgado el miércoles horas después de que se revelara que había recibido una dosis indebidamente. Sanidad ha abierto una investigación contra el Fiscal para conocer cómo accedió a la vacuna bajo sospechas de que podría habérsela facilitado su mujer que trabaja en el centro de salud donde la recibió y que podría haber repartido más dosis de manera irregular. La otra dimisión llegaba de la concejal de Bienestar Social de Denia, la socialista Cristina Morera.

La decisión actual de no vacunar a estas personas ha levantado polémica. Fernando Simón lo señalaba como un error al suponer el desperdicio de dosis que ya se han inyectado y que no se pueden recuperar, ya que si se supera el plazo de administración de la segunda dosis no conseguirán inmunidad contra el virus. “Hay una estrategia nacional de vacunación que indica cómo se debe administrar la vacuna. Entiendo que las personas que hayan podido vacunarse cuando no debían tienen que asumir la responsabilidad, pero desde mi punto de vista consideraría que sería un error cometer dos fallos: vacunar antes de tiempo a gente y no ponerle la segunda vacuna”, declaraba Simón. Puig lo considera una “medida ejemplarizante” y mantiene la “contundencia” a la hora de sacar adelante la medida.

El Ministerio de Sanidad enviará una petición ahora a través del Consejo Interterritorial para “extremar el seguimiento, análisis y control de la aplicación de la estrategia, evitando cualquier desviación, detectando, en su caso, el uso indebido de las vacunas y aplicando las medidas preventivas y correctivas”.