La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha anunciado que el Gobierno ya trabaja en la ampliación de la moratoria en el pago de la hipoteca o de un crédito de consumo. Esta medida se puso en marcha al comienzo de la pandemia y se amplió el pasado julio hasta el pasado 29 de septiembre. Ese mismo mes muchas otras medidas de carácter económico y social caducaron y varias no se renovaron inmediatamente. Desde entonces, el Gobierno en coalición ha negociado la prorroga de estas regulaciones con presiones por parte de Unidas Podemos como ha sucedido con el Decreto – ley de paralización de desahucios o la prohibición del corte de suministros básicos. Ahora, la ministra ha anunciado que la ampliación de las moratorias de aprobará “en breve”.
El Gobierno trabaja ya en la ampliación de la medida que permite a las familias más afectadas por la pandemia solicitar una moratoria en el pago de la hipoteca que se mantendrá vigente hasta el 31 de marzo. Esta medida se puso en marcha al inicio de la pandemia junto a otras como la moratoria de créditos al consumo pero finalizó el pasado septiembre. Ahora, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado en una rueda de prensa que la ampliación se aprobará “en breve”. Calviño ha anunciado tambien que el Gobierno también trabaja en la extensión de los ERTE y ha presentado en el Eurogrupo las líneas básicas de la reforma laboral y de pensiones. Las moratorias se podrán solicitar desde su aprobación hasta el 31 de marzo y permitirán a los solicitantes prorrogar los pagos durante tres meses. Ya se han beneficiado 600.000 familias afectadas económicamente por la pandemia de esta medida.
Esta es una de las iniciativas que se pusieron en marcha con el comienzo de la pandemia y, hasta el momento en el que se pudo solicitar, se beneficiaron 600.000 familias que habían perdido su trabajo a raíz de la crisis del coronavirus o se habían visto afectados gravemente a nivel económico por las circunstancias. El pasado 29 de septiembre terminó el plazo marcado por el Gobierno y no se renovó, al igual que pasó con otras medidas como la prohibición del corte de suministros básicos que se amplió tres meses después. Las presiones de Unidas Podemos desde septiembre han marcado las negociaciones para mantener muchas de estas regulaciones que caducaron en ese momento.
No obstante, sí que se han mantenido varias medidas que han sido ampliadas en el transcurso de la pandemia. Este es el caso de la prórroga en los contratos de arrendamiento que pretende evitar subidas de precio “abusivas” a los inquilinos, prorrogado hasta el 31 de enero o la prohibición del corte de suministros y el Decreto – ley para paralizar los desahucios, que se ampliaron tras meses de negociaciones en el Gobierno de coalición. El Ejecutivo trabaja también en la ampliación de otras medidas como es la extensión de los ERTE.
“Estamos trabajando en una extensión del mecanismo de expedientes de regulación de empleo (ERTE). Igualmente, aprobaremos en breve la extensión de las moratorias de créditos hipotecarios y no hipotecarios hasta el 31 de marzo, en línea con el marco europeo recientemente aprobado”, así lo anunciaba Calviño en una rueda de prensa previa a una reunión por videoconferencia con el resto de ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo. En esta reunión los Diecinueve han debatido estas y otras medidas desplegadas en la zona euro para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia y a la gestión de los Fondos de Recuperación. La ministra, además, ha presentado las líneas de la nueva reforma de pensiones y laboral, que pretende mantenerse en el camino marcado por Europa.
Esta medida ya se amplió el pasado julio y ahora abre una nueva puerta a las personas en situación de vulnerabilidad para solicitarla. Según datos publicados por el Banco de España, el total de moratorias tanto hipotecarias como de consumo concedidas por los bancos españoles desde el inicio de la pandemia asciende a más de 1’38 millones. Por lo tanto, a las 600.000 familias beneficiadas por la medida del Gobierno hay que sumarle cerca de 800.000 más que no cumplían los requisitos marcados por el Ejecutivo y optaron por aquellas concedidas por la banca.
Las moratorias permiten que las familias solicitantes puedan prorrogar el pago de la hipoteca o de un crédito de consumo durante tres meses para aliviar la carga financiera.