La vicepresidencia segunda y Ministerio de Asuntos Sociales, dirigido por Pablo Iglesias, ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos CEOE, CEPYME, CCOO y UGT en una Mesa de Diálogo que se abrió el pasado julio para reforzar el Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD). Se trata de unas ayudas que fueron eliminadas por el Gobierno de Rajoy. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido dotar con 600 millones de euros a estos efectos durante el año 2021 para impulsar los objetivos marcados en materia de Dependencia. Algo a lo que durante más de un año de legislatura, el titular del Ministerio, Pablo Iglesias, no habia tenido tiempo de dedicarse -a pesar de que es de su competencia, como las Residencias de Mayores, Pobreza Infantil, los sin techo frente a las heladas, etc- inmerso como está en asuntos que en absoluto le atañen, como la Corona, la república, y otros temas que competen a las áereas económicas del Gobierno, en las que permanentemente se ha estado entrometiendo quizá por la necesidad auto adjudicarse medallas. Cabe recordar que estas decisiones económicas ya fueron anunciadas en el programa socialista y siguen su desarrollo. Entre ellas, el Ingreso Mínimo Vital, el Salario Mínimo Interprofesional o la lucha contra el oligopoli de las Eléctricas, contra las que el Gobierno socialista lleva luchando dos años.

Centrado ya en sus asuntos, además de dedicar tiempo a sus apariciones televisivas y al ruido mediático, su Ministerio ha anunciado que tiene, entre otros objetivos, “el desarrollo del Plan de Choque y el impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia” en un acuerdo que la UGT considera “un paso fundamental para mejorar la atención a las personas dependientes”.

El acuerdo se alcanzó este jueves tras meses de negociaciones en los que “tanto los representantes del Gobierno de la nación, como los Interlocutores Sociales han mostrado una clara voluntad de alcanzar un pacto”. Los objetivos prioritarios de estos fondos se destinarán a asegurar condiciones laborales adecuadas para las personas que trabajan en el SAAD, mejorar los servicios y prestaciones de atención a personas dependientes a través de “servicios profesionales de calidad” y reducir el tiempo y las listas de espera en la tramitación de solicitudes, según detallan desde Asuntos Sociales.

De esta forma, se alcanza el nivel de recuperación acordado en materias de dependencia con una subida en las cuantías del 17,4%. El acuerdo tendrá que avanzar en los próximos meses, tal y como ha quedado zanjado en la Mesa, adquiriendo el compromiso de que se pacten “propuestas para la revisión del Acuerdo de acreditación de centros y servicios del SAAD, que se remitirán para su consideración por el Consejo Territorial”, tal y como establecen en el comunicado oficial del Ministerio. Esto servirá como una revisión del acuerdo para mejorar y reforzar más los servicios y su calidad “incluyendo el posible incremento de los precios de concierto vinculados a la mejora de los estándares de calidad en la atención y el empleo”, establecen.

Esto se suma al compromiso de que, a lo largo de 2021, se regulara el papel del Asistente Personal. Añaden que, en 2022, todas las personas dependientes con grado reconocido que no vivan en residencias tendrán acceso a un servicio de teleasistencia, considerándolo como un “derecho subjetivo” de la condición de dependencia. Este servicio se abordará a lo largo de este año en el Consejo Territorial para terminar de definir el sistema.

La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de la UGT ha mostrado su “satisfacción” por un acuerdo que consideran “un buen comienzo para que la sociedad reconozca el valor económico y social de los cuidados”. Esperan que los cuidados se vean revalorizados con un “empleo de calidad” y se dignifiquen las condiciones laborales del sector marcadas hasta ahora por la precariedad.

Durante este año también se revisará el acuerdo en materias de copago para las personas dependientes, donde se podría estudiar un mínimo exento del 60% que se podría incorporar en 2022. Por otro lado, el Ministerio de Derechos Sociales se ha comprometido a analizar las residencias españolas para evaluar posibles mejoras futuras.

REPARTO ENTRE COMUNIDADES

Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid serán las que más dinero recibirán de los 600 millones de euros destinados a la Dependencia. Este reparto se ha calculado en base a la “población potencialmente dependiente” junto a las resoluciones de grado de dependencia de cada comunidad. De esta cantidad, 283’2 millones de euros se repartirán entre las regiones y las tres primeras acumulan casi la mitad de este dinero. Andalucía será la que más reciba con 52,2 millones de euros, seguida de Cataluña con 46,6 millones y Madrid con 36’1. El resto del dinero forma parte de la cuantía que la Administración General aporta por cada persona dependiente.

Las comunidades que menos recibirán serán Baleares (7 millones), Cantabria (6,5 millones), y La Rioja (3,9 millones), atendiendo a varios criterios de reparto.