Tan solo entre el 8 de marzo y el 7 de abril se registran, por el momento, 4.250 fallecidos en residencias de ancianos. Mientras, se han registrado en la Fiscalía de Madrid más de un centenar de denuncias pero la mayoría han sido archivadas al considerar que los centros siguieron los protocolos activados. Finalmente, dos casos han conseguido salir adelante y denuncian delitos de homicidio imprudente, denegación de asistencia sanitaria y omisión del deber de socorro a dos directoras de residencias y a una doctora que no se pusieron en contacto con el sanitario responsable asignado por el Consejo de Sanidad, causando la muerte de dos mujeres.

Los meses más duros de pandemia se saldaron con la muerte de un 18% de los residentes en los centros de mayores de Madrid, a la mayoría de los cuales se les impidió recibir asistencia médica en un hospital. Según un informe realizado por sindicatos médicos y recogido por la agencia de noticias, Europa Press, durante las semanas de entre el 18 de marzo y el 5 de abril las residencias madrileñas derivaron solo a 900 ancianos a hospitales, a pesar de que se estima que los contagios pudieron ascender a 8.199. Del 8 de marzo hasta el 7 de abril las cifras de muertos en las residencias para personas con discapacidad, enfermedades mentales y ancianos, tanto publicas como privadas y concertadas, asciende a 4.750, 4.250 solo en las de ancianos. Hace dos semanas una doctora en una residencia del sur de la Comunidad de Madrid afirmaba que el Gobierno regional emitió una orden de no derivación de los ancianos a las UCIS. Ahora, se reanudan las investigaciones por posibles casos de homicidio imprudente, denegación de asistencia sanitaria y omisión del deber de socorro.

Desde las filas socialistas exigen una investigación por estas actuaciones y critican la completa falta de transparencia por parte del gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso. En el último medio año, desde el gobierno regional de la capital no han informado de los datos de muertos en residencias y el último consejero de Políticas Sociales que intentó hacerlo, Alberto Reyero, fue sustituido. Hasta ahora, se han interpuesto más de un centenar de denuncias a residencias madrileñas y la tendencia de la Fiscalía de Madrid ha sido archivarlas concluyendo que todas habían actuado según sus competencias. No obstante, la semana pasada el Ministerio Público informaba de que, finalmente, una de estas denuncias salía adelante. Concretamente, la denuncia sostiene delitos de homicidio imprudente, denegación de asistencia sanitaria y omisión del deber de socorro cometidos por una directora y una doctora en una residencia “que provocó el fallecimiento de una mujer de 85 años pocos días después de haber ingresado en el centro”.

Los denunciantes mantienen que ambas desatendieron todos los protocolos activados por los que debían comunicar del estado de la anciana a un hospital que decidiría si se le derivaba o no a un centro hospitalario. Establecen que la doctora tardó ocho días en establecer este contacto con el sanitario asignado por la Consejería de Sanidad. Desde la Comunidad de Madrid sí que se activaron estos protocolos de control entre residencias y sanitarios pero, la segunda semana de abril, en el pico de la pandemia, los protocolos se anularon.

Esta no es la única denuncia que no ha sido archivada. La directora del centro Gran Residencia será juzgada por un delito de homicidio por la muerte de una anciana el pasado 27 de marzo que no fue derivada a un hospital. Esta querella, interpuesta por la hija de la fallecida, está impulsada por Marea de Residencias que celebraban la decisión, “parece ser que hay un cambio de tendencia”, afirmaban.

Mientras, desde el Gobierno socialista exigen una investigación a mayor escala sobre las actuaciones directas del Ejecutivo regional dirigido por Isabel Díaz Ayuso. El jueves pasado, la responsable de Políticas Sociales del Grupo Socialista, Purificación Causapié, denunciaba en la Asamblea de Madrid el “apagón informativo, opacidad, ocultamiento y falta de transparencia” que ha mantenido el nuevo consejero de Políticas Sociales en Madrid, Javier Luengo.

“Al anterior consejero le quitaron las competencias por atreverse a dar los datos. Ahora usted sabe que la transparencia le puede quitar su puesto y ha optado por el silencio. Contestan a las preguntas realizadas por esta diputada y por la comisión de investigación de manera parcial y farragosa. Se acogen a la protección de datos para no aportar comunicaciones oficiales y no entregan actas e informes a la comisión”, acusaba Causapié según las declaraciones recogidas por Europa Press.

Javier Luengo se defendía de las acusaciones. “Hemos mantenido una coordinación continua y diaria con la Consejería de Sanidad y con el Ministerio. Y demos dado casi mil respuestas en preguntas escritas y peticiones de información. No tenemos ningún motivo para opacidad”, mantenía. No obstante, el informe pedido por los socialistas observa que los datos entre el número de fallecidos y el número de ingresados no concuerdan, siendo este primero mucho mayor que el segundo.

Desde otras organizaciones como la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare) no confían en que las denuncias desde particulares vayan a llegar lejos. Desde la plataforma han presentado 59 denuncias a la Fiscalía y solo han respondido a tres que han sido directamente archivadas. Otros casos muy similares a los dos procedimientos que sí han conseguido salir adelante también han sido archivados, como es el caso de un proceso interpuesto por el Defensor del Paciente contra una residencia madrileña en la que fallecieron 23 personas por Covid – 19.