La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha rechazado una cantidad de casi dos millones de euros destinada a los alumnos más vulnerables para el programa PROA+. En concreto, el Gobierno repartió la cifra de 1.904.699 euros para la capital española a través del Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo que pretende ampliar las ayudas frente a la situación pandémica y fortalecer el apoyo al alumnado con necesidades específicas. Pero, el pasado 13 de noviembre la comunidad envió una carta al Ministerio de Educación en la que comunicaban que Madrid no participaría en el programa. Así lo ha adelantado el diario El País. La Federación de asociaciones de padres y madres del alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos ha reaccionado de imnediato y en declarariones a este mismo medio ha exigido "a la consejería de educación que acepte el más de un millón novecientos mil euros proveniente del ministerio de educación y formación profesional que, incomprensiblemente, acaba de rechazar, destinados al alumnado más vulnerable”.

“Las respuestas y la gestión que está manteniendo la Consejería de Educación ante el problema generado por la COVID-19 está siendo una tomadura de pelo”, es la frase que abre el comunicado enviado a Madrid hoy mismo por la FAPA. Mantienen que el programa siempre ha tenido gran éxito “cuando la Administración lo apoyaba y lo promovía” y que, con la situación de pandemia, es más necesario que nunca. Califican de incomprensible que la Consejería de Educación no apoye de manera explícita el programa y critican que, no solo rechazan estas ayudas, sino que “prefiere no renovar los contratos de los docentes y acabar con el necesario apoyo al alumnado”.

El Gobierno de Ayuso ha exigido al Ministerio de Educación más ayudas para mantener a los profesores de refuerzo por el Covid – 19 que terminan su contrato el 22 de diciembre y mantienen que, si no reciben más dinero, les despedirán. A su vez, el Director General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, José María Rodríguez Jiménez, adjuntaba una carta a este departamento el pasado 13 de noviembre rechazando la cantidad de dos millones de euros. “A la vista del desarrollo del programa y de la participación de los centros de Madrid durante este curso, se comunica que la Comunidad de Madrid no participará en ese segundo reparto anunciado por la subdirectora general de cooperación territorial e innovación educativa el pasado 6 de octubre”, recoge El País.

Lo cierto es que solo 97 centros han enviado su aplicación para acogerse al programa, pero la Comunidad de Madrid no avisó a estos centros educativos hasta finales de septiembre a pesar de conocer estas ayudas desde verano, otorgándoles solo 15 días hábiles para solicitarlas. Este plazo fue ampliado hasta el 30 de octubre, de nuevo con poca promoción y en un periodo en el que los docentes se ajustaban a la situación de pandemia lo que ha supuesto “un trabajo ingente que no han podido, en muchos casos, abordar”. El comunicado mantiene que Educación podría haber ampliado los plazos sin problema, “algo que la Comunidad de Madrid no ha querido ni siquiera plantear”.

La FAPA denuncia que la actuación del Gobierno regional frente al Covid está siendo más que insuficiente y muestran su “absoluta indignación” con esta última medida. Explican que la Consejería ha ignorado numerosas cuestiones relacionadas con la atención educativa que han quedado sin respuesta por su parte. Señalan que según datos de la UGT, quedan 847 plazas vacantes sin cubrir, lo que significa que hay alumnado que aún no ha podido impartir materias. También rechazan abiertamente su negativa a renovar a los profesores contratados como refuerzo que dejarían “al descubierto a cientos de estudiantes” y exigen que se cuente con más docentes para cubrir todas las bajas que van surgiendo a lo largo del curso, que ahora mismo quedan sin cubrir.

“Es inadmisible que en la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra gran parte del alumnado de la Comunidad se rechacen los fondos destinados precisamente a paliar estas necesidades que se han producido en nuestros estudiantes. Es absurdo. La vulneración constante de los derechos de la infancia madrileña queda patente con esta toma de decisiones realizadas de manera unilateral sin ningún ápice de participación de la Comunidad Educativa”, mantienen.

Desde la Federación critican el abandono por parte de la Administración de la Escuela Pública “mientras se defienden negocios educativos” haciendo referencia a la manifestación contra la nueva Ley Celaá en la que participó el PP portando lazos naranjas por la escuela concertada. “Pero la Escuela Pública no se amilana, tenemos fuerza, tenemos coraje, pero sobre todo tenemos principios”, zanja el comunicado.

El Gobierno central repartió 20 millones de euros entre las distintas Comunidades Autónomas para PROA+ con el objetivo de fortalecer el sistema educativo azotado por la pandemia. Esta cantidad se sumaba a otros 40 millones de euros ya aprobados en julio con estas premisas. El programa busca adaptar los proyectos educativos a las particularidades de cada centro, ajustar el Plan Formativo a las competencias docentes y desarrollar un plan de motivación y refuerzo destinado para aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo en el que puedan participar las familias.