El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha reunido con representantes de asociaciones que trabajan en la lucha contra la violencia de género para discutir la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que presenta numerosos avances en el ámbito de la violencia contra las mujeres. Desde el Gobierno pretenden impulsar el diálogo con estos organismos para promover medidas legislativas contundentes y revisar el correcto funcionamiento de las regulaciones del Pacto de Estado en el departamento de justicia. Campo ha recordado que el Gobierno ha aumentado el presupuesto destinado a violencia de género en un 13,7% con una cifra total de 66.942.358,94 de euros que servirán para continuar con el compromiso de erradicar esta “violación de los derechos humanos que es la violencia contra las mujeres”.

Campo ha destacado las numerosas novedades que presenta esta reforma en materia de protección de las mujeres y que pretende ampliar las competencias en protección de violencia de género y sexual más allá de la normativa marcada por Europa. Señala que las víctimas serán el eje central del proceso judicial incorporando el Estatuto de la Víctima que recogerá al detalle el conjunto de sus derechos y se abre la posibilidad de que puedan denunciar de manera telemática. Esto evitaría que las mujeres tuvieran que trasladarse a las comisarias, lo que puede suponer un riesgo frente a sus agresores. El objetivo es facilitar la apertura de estas denuncias que muchas veces, por las diferentes trabas que presenta el sistema, quedan sin presentar.

Asimismo, Campo ha presentado una reforma del artículo 416 que hasta ahora “impide rescatar o valorar anteriores declaraciones del familiar-testigo aunque se hubieran efectuado con contradicción o se hubiesen efectuado con el carácter de prueba preconstituida”. Esta dispensa para declarar afecta especialmente a los delitos de violencia de género. Por otro lado, se incorpora la orden de protección europea que permitirá su solicitud a las víctimas cuando se desplacen de manera temporal a otro país de la UE o desplacen allí su residencia. Se incluye también como novedad la comisión de delitos contra la indemnidad sexual.

El ministro anunció durante la reunión la aprobación de un protocolo que incluye una nueva escala de “Valoración Forense de Riesgo”. Esto es un sistema de valoración urgente del riesgo al que está expuesta una mujer por violencia de género que complementa a valoración policial del riesgo VIOGEN. Sirve para añadir información sobre el agresor y el procedimiento judicial y estos mecanismos recibirán 4 millones de euros más que servirán para abrir cinco Unidades de Valoración Forense en Toledo, Murcia, Cartagena, Mallorca y Guadalajara.

La LECrim incorpora también novedades importantes respecto a la protección de los menores involucrados en casos de violencia de género ofreciendo una protección especial en el proceso testimonial. Para ello, se limitará la confrontación visual con el agresor y se ofrece la posibilidad de que no tengan que asistir al juicio y su declaración se realice a través de una grabación audiovisual, “lo que evitaría también una victimización secundaria de los menores”.

La reunión se ha celebrado en la sede del Ministerio y han participado la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Mujeres Progresistas, la Fundación Mujeres y la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres. Campo está dispuesto a continuar el diálogo con estas organizaciones en materias que afectan a las victimas de violencia de género en los procesos penales.

Esta ley lleva en vigor desde 1882, aunque para su mantenimiento han sido necesarias 77 modificaciones, y esta nueva reforma pretende cambiar por completo el sistema judicial español y adaptarlo a los estándares europeos. Para Campo esta reforma “es un ejercicio de coherencia constitucional y de cumplimiento del mandato de la Unión Europea” y “supone una obligación política, en un momento de transformación del país”. La principal novedad es la sustitución de los jueces por los fiscales como los nuevos directores del procedimiento de una investigación penal. Los cambios son tan profundos que se prevé que no se hagan completamente efectivos hasta seis años después de su publicación en el BOE.