El Consejo de Europa ha emitido el primer informe de evaluación de la aplicación del Convenio de Estambul en España. El trabajo realizado por el Grupo de Expertos en Acción contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO) muestra la luces y las sombras en la lucha por la Igualdad y protección a las mujeres víctimas de abusos, que siempre ha de estar alerta y evolucionando. En este sentido, La Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004 es una aproximación “ejemplar” a la violencia en relaciones de pareja, indica que faltaría completar con otros tipos de agresiones fuera de esta. El Consejo destaca la necesidad de que en España, a pesar de ser uno de los paìses pioneros en medidas contra la violencia sexual, se sigan adoptando más y se unifique un sistema de protección dispar entre unas comunidades y otras.

España tuvo un “papel pionero” a la hora de aprobar la ley de 2004 que desde entonces lucha contra la violencia de género. Este es un trabajo que asentó una “agenda sólida” a la hora de desarrollar un marco jurídico con relación a la violencia ejercida dentro de la pareja. La ley, añaden, tiene una aproximación centrada en la víctima y promueve la cooperación de diferentes organismos expertos en violencia de género en el proceso de combatirla. Pero el mismo informe considera que habría que unificar ese método de aplicación dispar entre unas comunidades y otras por el nivel de autonomía del sistema español que no “garantiza” la misma protección de las mujeres en todo el país. También señala que hay que tomar en cuenta otros aspectos como los matrimonios forzados, la mutilación genital y la esterilización o los abortos forzados. Muy pocas comunidades disponen de servicios cualificados para la atención de estas mujeres y el Grevio urge a que se garanticen unas regulaciones en concordancia con el Convenio de Estambul en todos los niveles y particularmente en el regional.

Las políticas españolas se han centrado en la violencia con parejas o exparejas sentimentales. Destacan que es importante siempre aumentar el número de profesionales cualificados para atender a víctimas de agresiones sexuales, así como médicos que puedan atenderlas. La mayor crítica se refiere a la lenta tarea de buscar la confianza de las mujeres en ser atendidas por los medios legales, de manera que ese miedo genere una ratio de denuncias muy bajo así como unas condenas sensibles de ser aumentadas, como ha manifestado esta semana el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska que ha propuesto aumentarlas en el Código Penal. Durante décadas, no solo en España sino en la mayoría de los países europeos, los medios judiciales victimizaban a la mujer, y en este informe se señala que hay que seguir mejorando en este aspecto. Prestar mucha atención y no ignorar pruebas forenses, la duración de los procesos es excesiva y el umbral para condenar a los agresores es demasiado alto y lleva, en muchas ocasiones, a la falta de condena contra un agresor. Este proceso puede “fácilmente dar lugar a la revictimización de las víctimas”, subrayan.

Como declaran los colectivos feministas españoles, muchas veces, los resultados legales de las medidas de protección para las mujeres no corresponden con las condenas que reciben los agresores de violencia doméstica. Los jueces permiten a estos hombres compartir un horario de visitas con sus hijos sin tener en cuenta la violencia y el abuso sufrido por su parte, lo que permite un mantenimiento de estos comportamientos. También explican que se juzgan erróneamente situaciones de abuso y que los procesos para que las mujeres consigan asilo una vez lo solicitan está cubierto de barreras. Establecen que las autoridades pueden ser “insensibles” existiendo una falta de apoyo y confianza que lleva a las víctimas a evitar compartir información sobre sus experiencias. Esto desemboca en general en una desinformación que resulta en experiencias traumáticas que quedan sin mencionar.

En relación con estas materias, el informe de Grevio establece unos puntos prioritarios que requieren acciones más solidas que España debe implementar para ratificar el Convenio de Estambul. Destacan una mejor educación en materias de violencia de género para las autoridades, los servicios médicos y otros profesionales implicados en los procesos judiciales que puedan mejorar su impacto. También centrar el foco e intensificar los servicios de apoyo a las víctimas y un reparto de los recursos necesarios a nivel regional para la correcta protección de las mujeres, no solo en la violencia dentro de la pareja, sino en todos los tipos de agresiones. Señalan la necesidad de un refuerzo de los marcos legales en las materias de violencia sexual, mutilación genital y acoso para adaptarlas apropiadamente a lo establecido en el Convenio de Estambul y la importancia de que los jueces se aseguren de la sentencia y el cumplimiento de las condenas pertinentes. Por último, subrayan la protección de las mujeres expuestas a discriminación interseccional, aumentando la concienciación de la ciudadanía sobre esta materia e incorporando a estas víctimas dentro de las políticas de protección.

El Grevio también se muestra “preocupado” por el aumento de las violaciones en grupo en los últimos años y su tratamiento judicial, en referencia a casos como el de La Manada y su proceso judicial lleno de trabas para la víctima que resultó en una condena insuficiente y protestada por la ciudadanía. Resaltan la idea de que estén apareciendo en estos casos agresores menores de edad.