La secretaria de Educación y Universidades del PSOE y portavoz de Educación en el Congreso, Martínez Seijo, ha respondido a las protestas que se celebraron este domingo en distintos puntos del país en contra de la nueva ley educativa, aprobada por mayoría en el Congreso la semana pasada. Estas manifestaciones, protagonizadas por PP, Ciudadanos y Vox, pusieron en el punto de mira “mentiras” que han sido difundidas por el PP de “forma irresponsable”. “No se puede consentir que sigan jugando con la vulnerabilidad de las familias, generando incertidumbre ante la educación de sus hijos”, zanjaba la portavoz ante los “posicionamientos extremistas” del partido de Pablo Casado que mantienen que la ley cerrará los centros concertados y de educación especial y que acabará con el castellano en las aulas. Seijo ha aseverado que la Ley Celaá proporciona “un modelo inclusivo y equitativo que garantiza el derecho a la educación para todos, refuerza la educación de 0 a 3 años y elimina cualquier tipo de segregación y garantiza la beca como derecho subjetivo” y que “garantiza el castellano, la educación concertada y la educación especial”. No obstante, el PP mantiene las amenazas de llevar la ley al Tribunal Constitucional y evitar su promulgación en las comunidades que gobierna ante lo que Seijo le ha recordado: “España es un estado de derecho democrático y esta ley aprobada por una mayoría absoluta no se puede cuestionar en ningún caso”.
El domingo numerosas protestas en vehículos colapsaron calles en protesta contra la nueva ley educativa que fue aprobada la semana pasada por mayoría en el Congreso. Estas manifestaciones estaban protagonizadas por los principales partidos de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox, que mantiene que llevarán la Ley Celaá al Tribunal Constitucional y a la Unión Europea por atentar contra la libertad y la Constitución. Sus principales quejas, la eliminación del castellano como lengua vehicular, la escuela concertada y la supuesta eliminación de las escuelas especiales. Martínez Seijo, secretaria de Educación y Universidades del PSOE y portavoz de Educación en el Congreso, desmontaba las “mentiras” difundidas por el PP de “forma irresponsable” y recuerda que “no es cierto, como dice la derecha, que no hay libertad en el sistema educativo”.
“No se puede consentir que sigan jugando con la vulnerabilidad de las familias, generando incertidumbre ante la educación de sus hijos”, era el mensaje que mandaba Seijo al PP ante los ataques contra la Ley Celaá que califica de “posicionamientos extremistas más propios de la ultraderecha que de un partido que ha estado en el gobierno”. Los populares mantienen que esta ley acaba con la libertad de los padres de elegir la educación que van a recibir sus hijos al acabar con la concertada. La portavoz socialista recordaba entonces a Pablo Casado que “la libertad de enseñanza aparece recogido en el artículo 27 de la Constitución” y que “no es cierto” que se vaya a acabar con estos centros. Recalcaba que esta parte de la Ley Celaá “permite un acceso a la enseñanza más equilibrado y acaba con privilegios de la ley Wert del PP, como que era el centro el que podía elegir a su alumnado y no al revés”.
Ahora, los centros de educación concertada no podrán recibir ninguna cantidad de dinero por parte de los padres por aquellas actividades educativas que son gratuitas, sí podrán ofrecer al alumno horarios extendidos, aunque nunca serán de obligado cumplimiento. Además, los Ayuntamientos no podrán adjudicar suelo público aquellos centros que no sean públicos y se cambiará el sistema de matriculación para acabar con la alta segregación en las escuelas. De esta forma, serán los padres los que tengan la prioridad a la hora de escoger los centros y no al revés, idea que contradice a la propagada por el PP que mantienen que elimina estas libertades. La cuestión es que la ley establece que todos los centros públicos y concertados tendrán que incluir “una proporción equilibrada del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que deba ser escolarizado” y que, ahora mismo, acaban mayoritariamente en la escuela pública.
“Esta ley garantiza este derecho a la educación inclusiva pero también aquellas que quieran tener escolarizados a sus hijos en un centro de educación especial”, mantenía Seijo, desmintiendo la otra gran protesta popular, la eliminación de los centros de educación especial. La ley decreta que estos centros deberán seguir manteniendo el apoyo por parte de las Administraciones Públicas en su Artículo 74 y las necesidades educativas de estos alumnos se regirán “por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación”. En este caso, los padres tendrán de nuevo la opción de elegir el centro que más se ajuste a las necesidades de su hijo, que podría no ser uno especial si no fuera requerido, aumentando así la inclusión de los niños con discapacidad. “No hay voluntad de cerrar, sino todo lo contrario; hay una disposición adicional en la ley que habla de un periodo de reorganización del sistema educativo hacia una mayor inclusión atendiendo a los derechos de las personas con discapacidad”, zanjaba.
Asimismo, Seijo recordaba que la eliminación del castellano como lengua vehicular no supone la eliminación del castellano de la educación, sino que lo garantiza “triplemente”. Explica que, por primera vez, una ley educativa toma “medidas compensatorias en caso de que una de ellas [las lenguas] presente carencias”. Afirmaba que la LOMLOE “garantiza la enseñanza del castellano en todas las aulas, es garantista con los principios constitucionales, que dejan el castellano como una lengua obligatoria en todas las aulas del país”. El Tribunal Constitucional ya estableció sobre este principio que el 25% de las horas lectivas se tendrían que impartir en castellano, por lo que se mantendrá como lengua vehicular aunque no lo sea oficialmente.
Ante estas protestas, el PP, Vox y Ciudadanos anunciaban que llevarán la ley al Tribunal Constitucional y el PP anunciaba que impediría su aplicación en las comunidades que gobierna, lo que la portavoz socialista califica como “insumisión”. “Las leyes orgánicas como la ley de educación aprobada por mayoría absoluta, no se puede cuestionar su aplicación en ninguna comunidad autónoma”, adevertía, “España es un estado de derecho democrático y esta ley aprobada por una mayoría absoluta no se puede cuestionar en ningún caso”.