El Consejo Interterritorial de Salud volvía a reunir este miércoles a los representantes de las Comunidades Autónomas con el Gobierno central y finalizó sin que se produjeran grandes novedades. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, insiste en agotar los periodos establecidos por expertos, “dos o tres semanas”, para evaluar la eficacia de las medidas tomadas hasta ahora y evitar, si es posible, un nuevo confinamiento domiciliario que ya han pedido varias Comunidades. Algunos líderes autonómicos salieron de esta reunión insatisfechos por la falta de medidas coordinadas para todas las regiones ante la llegada del próximo 9 de noviembre cuando serán estas las encargadas de continuar o no con el toque de queda nocturno.

Asturias, Ceuta y Melilla han pedido al Ejecutivo a lo largo de esta semana que les permitan declarar un confinamiento domiciliario en sus regiones ante el preocupante avance del coronavirus. Otras comunidades como el País Vasco, Andalucía y Castilla y León se sumaban a la petición de aumentar las competencias regionales del estado de alarma para que cada autonomía pueda decretar un confinamiento domiciliario si lo considera pertinente, competencia que ahora mismo pertenece únicamente al Gobierno. Desde Sanidad aun así confían en que hay que analizar los resultados de las medidas actuales antes de tomar una medida tan drástica como un nuevo confinamiento. Estos plazos de 14 o 21 días, explicaba, comienzan desde el momento en el que entran en vigor las restricciones y son los marcados por el CCAES de Simón y los equipos de Salud Pública. “Para ver el efecto del cierre de hostelería y restauración hay que evaluarlo desde que se produjo el cierre del sector, no podemos valorarlo dos días después “, declaraba el ministro.

Sanidad descarta por lo tanto los confinamientos domiciliarios aunque mantienen que estudiarán la petición de los territorios. No establecen plazos concretos en cada comunidad para evaluar si las medidas tomadas son suficientes y recuerdan que en la guía de indicadores, redactada como guía común para la toma de medidas, aún existen otras acciones que se pueden llevar a cabo antes de llegar a este que sería el último recurso. Salvador Illa y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, comparecieron tras esta reunión que sirvió más bien como un recordatorio de esta guía sobre las medidas recomendadas para cada fase de riesgo en la que se encuentren las regiones y los periodos de evaluación de las mismas.

En la reunión sí se recalcó el fin del plazo el 9 de noviembre para el toque de queda nocturno que cada Comunidad ha adaptado a un horario diferente. A partir de ese día serán los Gobiernos regionales los encargados de decidir si continúan o no con la medida, aunque varias delegaciones de Salud de las regiones han declarado ya su deseo de mantenerla. “Tengo confianza en que las Comunidades actuarán con rigor”, declaraba Illa en la rueda de prensa ante otras Comunidades como Madrid cuya toma de medidas siempre es impredecible y se prevé que puedan levantarlo.

Algunas Comunidades quedaron insatisfechas ante esta reunión por una falta de medidas coordinadas como es el caso de Castilla – La Mancha que demanda unas restricciones unificadas. Esta región, junto a Castilla y León, mantenía su descontento por el pacto roto por Ayuso en la reunión que mantuvieron a tres hace tan solo una semana en la que acordaron un cierre de las tres comunidades con la presidenta madrileña para que, poco después y en plena rueda de prensa, Ayuso decidiera desmarcarse y pedir un cierre perimetral por días. Finalmente, el Gobierno permitió este cierre por días para no agravar los enfrentamientos pero son varios los líderes comunitarios que no entienden esta diferencia de tratamiento cuando el decreto de estado de alarma declara que las medidas deben durar un mínimo de 7 días consecutivos.

El Consejo Interterritorial sí anunció unificadamente una “condena rotunda” a todos los altercados y disturbios provocados por los llamados negacionistas en numerosas ciudades españolas que acabaron con enfrentamientos policiales y daños materiales del mobiliario urbano. Presentaron una declaración firmada por Sanidad y las Comunidades Autónomas en el que avisan de que no existen soluciones “fáciles y atajos” para poner fin al virus.