El trámite de la nueva Ley de Educación que presentó la ministra Isabel Celaá sigue su curso. Ahora está en proceso de elaboración y de presentación de enmiendas. El PSOE, Unidas Podemos y ERC han presentado una de esas enmiendas de forma conjunta que propone que las Comunidades Autónomas con dos lenguas cooficiales elijan dicha lengua vehicular. Se quiere así blindar la inmersión lingüística. Habrá que esperar si esta propuesta cuenta con el suficiente respaldo parlamentario para que salga adelante. Pero la polémica ya está creada ya que PP y Ciudadanos se oponen frontalmente. Desde el Ejecutivo ya se asegura que la educación en castellano estaría garantizada.
La tramitación de la Ley de Educación entra en terreno pantanoso cuando se tocan temas como la lengua vehicular en la que los alumnos y alumnas reciben su enseñanza en aquellos territorios con dos lenguas cooficiales. Esta vez, la polémica proviene de una enmienda acordada por los grupos parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Cataluá, para poner al mismo nivel el castellano y la lengua cooficial para que las administraciones regionales puedan elegir cuál de ellas es la lengua vehicular.
La reforma educativa, Lomloe (destinada a sustituir a la Lomce) también conocida como Ley Celaá, garantizará a las Comunidades Autónomas a adoptar su lengua cooficial como lengua vehicular para que, de esta manera, los estudiantes puedan adquirir competencias ‘por igual’ del castellano y de la lengua correspondiente. Aun así, según la ministra de Educación, Isabel Celaá, la enseñanza en castellano estará garantizada.
Esta iniciativa impulsada por los independentistas de ERC tiene como objetivo blindar la inmersión lingüística en Cataluña, además de garantizar el conocimiento de todas las lenguas cooficiales del Estado y que la medida tenga encaje constitucional.
El texto, que aún se encuentra abierto, se someterá a votación este jueves en la Ponencia de la Comisión de Educación del Congreso, donde desde este martes se están debatiendo las enmiendas presentadas a la reforma de la Lomce aprobada por el PP en la época en la que el ministro de Educación era José Antonio Wert, que son más de un millar.
De llegarse a aprobar esta enmienda se cambiaría lo expuesto en el proyecto de la Lomloe: “el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable”, además de lo que se recoge en la actual ley de educación: “el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable”.
Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido calma, ya que aún no se ha votado. “Hay que esperar a los debates que se están produciendo en la propia Comisión a que lleguemos a un consenso lo más amplio posible para que haya perdurabilidad de la ley en los próximos años”, ha manifestado.
“Hay que dialogar con el conjunto de fuerzas políticas para intentar consensuar un texto que reconozca la libertad, la diversidad y la situación que vivimos en nuestro país, tanto en términos de pluralidad cultural, pluralidad lingüística”, ha continuado Montero. Asimismo, ha querido recalcar que “una ley de educación no es una ley más”, sino que “es una de las leyes más importantes”.
La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, también ha querido pronunciarse tras la polémica levantada por esta enmienda asegurando que los alumnos seguirán “siendo educados de acuerdo a la Constitución”.
“Lo que dice la enmienda es que las administraciones educativas garantizan el derecho a recibir enseñanzas en castellano y las demás lenguas cooficiales en sus territorios de conformidad con la Constitución, los Estatutos de autonomía y la normativa vigente. Francamente, ¿qué hay de novedoso en esta enmienda?”, se ha preguntado la ministra en una entrevista para Onda Cero, mostrándose perpleja al no entender las reacciones a esta medida.
Para González Laya no hay nada “revolucionario” dentro de la enmienda, sino más bien “una garantía para los alumnos a recibir la educación de acuerdo” a la legalidad. “Atengámonos a lo que dicen la Constitución, el Estatuto de autonomía y la normativa aplicable”, ha insistido.
PP y Ciudadanos, amenazando con recurrir al Tribunal Constitucional
Sin embargo, esta enmienda también ha traído consigo discrepancias. PP, Ciudadanos, Vox y UPN han anunciado su voto en contra, y además los dos primeros han asegurado que acudirán al Tribunal Constitucional si el castellano es eliminado como lengua vehicular en la enseñanza.
El líder de los populares, Pablo Casado, ha criticado a través de su cuenta en la red social Twitter al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, basándose en que el Ejecutivo “pretende permanecer en el poder negociando el futuro” de sus “hijos”.
A su vez, Ciudadanos también ha avisado de que acudirán al Tribunal Constitucional, a instancias europeas, al Defensor del Pueblo y a la Alta Inspección educativa para evitar que la futura ley de educación impulsada por el Gobierno permita eliminar el castellano como lengua vehicular en las escuelas de las comunidades autónomas donde hay ya existe otra lengua cooficial.