El Consejo de Ministros Extraordinario de este domingo 25 de octubre ha aprobado un Real Decreto con la declaración del Estado de Alarma para que todas las Administraciones españolas tengan las herramientas suficientes para luchar contra la pandemia del coronavirus.

Este Estado de Alarma no será como el de marzo, ya que ahora el país se encuentra en una situación muy diferente. A pesar de que el presidente Sánchez avisa de que vienen meses muy complicados, ahora tenemos un sistema sanitario más reforzado, con material suficiente para atender a los contagiados; conocemos más de la enfermedad; y todos sabemos que si conseguimos limitar la movilidad, los contactos sociales, y somos responsables cumpliendo la distancia social, el uso de la mascarilla y la limpieza de manos, podremos derrotar nuevamente al virus.

La declaración de este Estado de Alarma responde, además, a la solicitud de diez Comunidades Autónomas (Euskadi, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Baleares) tras la propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez la semana pasada. Todos piden una cobertura jurídica para implantar las medidas de limitación de la movilidad y, salvo los presidentes del Partido Popular, el resto de administraciones regionales han pedido que se tomara esta medida.

Los presidentes y presidentas autonómicos serán las autoridades competentes delegadas en sus territorios y podrán decidir el nivel de aplicación de las medidas del Decreto hoy aprobado.

En palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “el nuevo Estado de Alarma nos da la herramienta legal más eficaz para limitar la movilidad y los contactos para así frenar el virus. Debemos afrontar la segunda ola como la primera, con disciplina, resistencia y moral de victoria”.

Si bien ha adelantado que la idea es mantener la medida en vigor durante los próximos seis meses, el presidente ha avisado que “el plazo no es inamovible” y ha dicho que “si podemos superar antes la emergencia plenamente, el Estado de Alarma dejará de aplicarse de inmediato. Pero ése es el plazo que consideramos hoy por hoy necesario en base a la ciencia y las recomendaciones de los expertos”. Los próximos seis meses es el tiempo que los expertos consideran que se necesita para empezar a superar no solo la segunda ola sino la etapa más dañina de la pandemia, ha afirmado el presidente.

“La realidad es que en España y Europa ya estamos plenamente inmersos en la segunda ola de la pandemia”, ha reconocido el presidente, una situación "grave" y ha pedido a los españoles en su comparecencia “que se queden en casa y limiten durante un tiempo los desplazamientos y contactos innecesarios para limitar las ocasiones de contagio y proteger así a familiares, amigos, compañeros y, en general, a todos los compatriotas”.

Sánchez ha apuntado que, al igual que España, la mayoría de países de Europa “ya están tomando medidas para limitar la movilidad y los contactos personales que son las ocasiones que facilitan los contagios”. Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda o Italia, entre otras naciones han implementado limitaciones que afectan a los horarios de circulación o a la frecuentación de establecimientos públicos.

El presidente ha solicitado formalmente “a los grupos parlamentarios que esta excepcional medida cuente con el abrumador respaldo parlamentario. Lo exigen los ciudadanos para dar un horizonte de tranquilidad y certidumbre. Lo necesitan los actores económicos para dar un horizonte de previsibilidad y garantías a las empresas y los empleos. Lo requieren los gobiernos autonómicos y el ministerio de Sanidad para trabajar con las herramientas necesarias durante el tiempo que haga falta”.

Las medidas que incluyen el nuevo Real Decreto de Estado de Alarma limitan, por tanto la circulación y la movilidad durante las horas nocturnas y también el número de personas en reuniones, así como otras medidas como la posibilidad de cerrar la salida o entrada de una determinada Comunidad Autónoma si la situación lo requiere.

Limitación de la circulación

Se estable la prohibición general de la movilidad nocturna entre las 23 horas y las 6 de la mañana, pudiendo cada Comunidad Autónoma modular su inicio entre las 22:00 y las 00:00 horas y su fin entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana. Su aplicación será para todo el país salvo la Comunidad Autónoma de Canarias, debido a que su mejor situación epidemiológica.

En ese periodo, solo será posible la circulación por causas justificadas como la adquisición de medicamentos, cumplimiento de obligaciones laborales, cuidado de mayores o menores de edad y regreso al domicilio.

Además, las Comunidades Autónomas podrán decidir limitar la entrada y salida de sus territorios, para todo el perímetro de la comunidad o para un ámbito inferior. Igualmente, podrán limitar la permanencia de personas en espacios públicos o privados a un máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes.

Tanto en el caso de las limitaciones a la entrada y salida de sus territorios como en el número máximo de personas en grupos, serán los Presidentes y Presidentas autonómicos los que decidan si estas medidas aplican a sus territorios, en todo o en parte, siendo ellos y ellas las autoridades competentes delegadas.

Criterios de actuación

Las Comunidades Autónomas basarán sus actuaciones en base a los indicadores y criterios acordados el pasado jueves por el Consejo Interterritorial de Salud, relativos al número de infecciones, capacidad asistencial y de salud pública y también a las características y vulnerabilidad de la población.

Según esos criterios se establecen cuatro niveles de riesgo para cada territorio: bajo, medio, alto o extremo. Los principales criterios son los siguientes:

En primer lugar, el número de casos detectados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Una incidencia por debajo de 25 casos por 100.000 habitantes se considera de riesgo bajo; por encima de 25 se estima de riesgo medio. Una incidencia de 150 casos se considera de riesgo alto, y si la incidencia supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes se considera de riesgo extremo.

Este indicador se completa con los niveles de incidencia de los últimos 7 días, la incidencia específica en los mayores de 65 años, que es el colectivo más vulnerable al COVID-19, el nivel de positividad de las pruebas que se realizan en todos y cada uno de los territorios y el porcentaje de casos con trazabilidad, es decir, que se conozca exactamente cuál es el origen de la infección.

En segundo lugar, el grado de ocupación de los servicios hospitalarios y las camas UCI. Se considerará riesgo muy alto si el número de camas ocupadas por pacientes de COVID-19 supera el 15% en hospitalización global y el 25% en el caso de las camas de UCI.

Refuerzo de la coordinación

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se reunirá cada semana, para que sus miembros, esto es, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y todos los consejeros de salud de cada Comunidad evalúen la situación semanalmente y establezcan una respuesta sanitaria coordinada.

Como ha venido ocurriendo hasta la fecha además, el ministro de Sanidad comparecerá cada quince días ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la situación epidemiológica de nuestro país y de las medidas que se están aplicando para frenar la pandemia.

Hasta la fecha, el Ministerio de Sanidad ha mantenido 182 reuniones con las Comunidades Autónomas y se han repartido 296 millones de material sanitario, de los que 221 millones han ido destinados a las Comunidades Autónomas.

Recursos de las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas disponen de 16.000 millones de euros del Fondo No Reembolsable establecido por el Gobierno para ayudarlas a combatir los efectos de la pandemia, financiar el incremento del gasto sanitario, del gasto educativo, compensar la caída de ingresos y sentar las bases de la recuperación económica y social.

También tienen a su disposición 5.686 efectivos de las Fuerzas Armadas para realizar labores de rastreo, de los que 1.740 ya están incorporados.

Además, se ha constituido una reserva estratégica común que cuenta con más de 512 millones de mascarillas quirúrgicas, 57,6 millones de mascarillas FFP2 y cerca de 2 millones de test de antígenos.