Tras 42 horas de negociaciones, los ministros de agricultura de los 27 países de la Unión Europea (UE) se han reunido la madrugada de este miércoles en Luxemburgo para llegar a un acuerdo sobre la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que entrará en vigor en 2023. La presidencia de turno de la UE ha afirmado que ha habido mayoría para poder aprobar el pacto, en el que solo se ha posicionado en contra el gobierno de Lituania, mientras que Letonia, Rumania y Bulgaria han optado por la abstención.

La reforma consta de tres reglamentos que componen la nueva política agraria comunitaria: los planes estratégicos nacionales, la organización común de los mercados y la regulación sobre la financiación de las ayudas. Los Estados miembros introducirán un nuevo modelo de gestión en el que se detallarán las intervenciones o medidas de la próxima PAC, en el marco de un plan estratégico nacional que deberá ser elaborado por cada uno de los países y después ser aprobado por la Comisión Europea antes de su aplicación.

Entre los objetivos principales de la futura PAC se encuentran mejorar la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, fomentar el desarrollo y la energía sostenible y asegurar una gestión eficiente de los recursos. Esta nueva política también pretende contribuir de forma más óptima a la protección de la biodiversidad, mejorar los ecosistemas y preservar los hábitats y paisajes.

Se estima que la nueva PAC para el periodo 2023-2027 adquiera unos 390.000 millones, de los cuales 47.724 millones corresponderán a España, una suma similar a la del periodo 2014-2020. El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha insistido en que el acuerdo supone una cantidad de fondos “más que suficiente para responder a todos los grandes retos” que tiene la agricultura española.

“España ha cumplido todos los objetivos que se había planteado”, ha establecido Planas. A su vez, ha destacado que la propuesta consensuada “es equilibrada y responde a las distintas sensibilidades” a la vez que supone “un paso adelante muy importante” para su definitiva aprobación.

Por otra lado, el ministro ha valorado que se haya incluido finalmente en el acuerdo la prolongación de los derechos de plantación de viñedo más allá de 2030, fecha en la que expira el sistema actual, como pedían España y Francia.

Esta reforma también incluye una lista que los agricultores y ganaderos deberán cumplir para poder recibir las ayudas directas europeas. Este sistema consta de diez criterios agrupados en tres grandes temas: Clima y Medio Ambiente; Salud Pública, Sanidad Animal y Fitosanidad; y, por último, Bienestar animal.

El punto en discordia, los "ecoesquemas"

Una de las principales novedades que recoge esta reforma son los "ecoesquemas", que consiste en una nueva ayuda para aquellos agricultores y ganaderos que quieran adoptar unas medidas adicionales a favor del clima y del medio ambiente. Finalmente, los países han pactado dedicar un 20% de los pagos directos a los “ecoesquemas”.

Esta medida ha generado muchas dudas entre los Estados miembros, sobre todo por si los productores no llegan a cumplir con los criterios climáticos adicionales y, como consecuencia, no se distribuyen los fondos reservados. Por ello, el documento aprobado recoge que durante los dos primeros años, 2023 y 2024, los fondos para "ecoesquemas" que no han llegado a repartirse a partir de un porcentaje del 10%, se podrán dedicar a otras intervenciones.

“El debate está abierto, pero yo creo sinceramente que este equilibrio aprobado hoy por el Consejo es un buen equilibrio entre productividad económica y preservación del medio ambiente", ha comentado el ministro español, Luis Planas.

En manos del Parlamento Europeo

Tras la aprobación de este acuerdo por parte del Consejo formado por los 27 países de la UE, el Parlamento Europeo tiene previsto votar la reforma el próximo viernes para su posterior aprobación.

Después se llevarán a cabo los "trílogos", en los que el Consejo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo acabarán la negociación de los reglamentos, que deberá estar concluida para principios de 2021. Una vez realizada esta labor, se aprobarán los reglamentos y los diferentes países deberán finalizar sus planes estratégicos nacionales.

En España hay disparidad de opiniones en relación con esta reforma. El eurodiputado del PP, Juan Ignacio Zoido, ha comentado este martes que la PAC es considerada como “un pilar maestro de la construcción europea durante décadas” y por ello, ha advertido que su partido no va a “tolerar un cambio radical” de la política agraria.

Por su parte, la diputada europea socialista, Clara Aguilera, ha afirmado que la sostenibilidad medioambiental “es muy importante, pero se encuentra de la mano de la sostenibilidad económica y social”. “Si cae uno de los tres pilares, los demás también caerán”, ha establecido.