El simbolismo del despacho vacío es evidente. La gesticulación es el modus operandi del Govern independentista. La última muestra, tras la inhabilitación de Torra, es la convocatoria de un pleno monográfico para despedir al ya expresidente. Un pleno al que el PSC ha anunciado que no piensa acudir por considerarlo un espectáculo político partidista indigno de una cámara de representación de todos los catalanes y catalanas, como es el Parlament.
La sobreactuación es parte habitual de la vida política catalana. Lo verdaderamente importante no es gobernar, legislar, más allá de que pudiéramos estar en mayor o menor medida de acuerdo con la ideología que empujara esas iniciativas. De eso no se tiene apenas noticia en el Parlament de Catalunya. Para el Govern independentista, lo prioritario es hacerse la víctima y acusar a alguien -preferentemente al “Estado español opresor”- de todos los males, no pocos, que esa inacción ocasiona a la ciudadanía. En un contexto como el actual, pandemia mediante, esos males se agudizan sobremanera, de forma irremediable. Pero la hoja de ruta de quienes hace ya una década se embarcaron en la nave de Ítaca no se tuerce por más que el viento pandémico azote las velas.
Quizás a estas alturas del artículo, la ciudadanía madrileña que está en trance de lectura establezca analogías con lo que sucede en esa otra comunidad autónoma. Y no estaría falta de razón. Resulta preocupante, a la par que indignante, que los gobiernos de las dos autonomías que albergan las dos ciudades más pobladas del país se dediquen al desgobierno, al tacticismo y a la parafernalia. Y que únicamente se dediquen a eso, prescindiendo de su obligación de gobernar.
Pero, ¿por qué Torra ha sido inhabilitado? Por colgar una pancarta en el balcón del Palau de la Generalitat. Dicho así, cualquiera podría pensar que se trata de una medida ya no desproporcionada sino totalmente fuera de lugar. Pero, los que cuentan de este modo la película olvidan -en un lapsus desde luego interesado- que el descuelgue de la pancarta y colocación de otra sucesivamente tuvo lugar en plena campaña electoral de las elecciones generales celebradas el 28 de abril de 2019 y que desobedeció a la Junta Electoral Central, que es la que vela por la transparencia, neutralidad y por el principio de igualdad en el desarrollo de los comicios. De nuevo el relato y la épica.
En Catalunya se avecinan meses muy largos, me temo. Sería deseable que no fuera así, que las elecciones en las que, indefectiblemente, desembocará este nuevo episodio del culebrón independentista, se celebraran cuanto antes. Torra perdió la oportunidad de preservar un mínimo de dignidad al convocarlas antes de ser inhabilitado. Lo mismo podría decirse de su antecesor. Si las “155 monedas de plata” no hubieran herido el orgullo de Puigdemont, habría convocado elecciones y ni él estaría huido de la justicia, ni sus colegas de gobierno en la cárcel. Y la ciudadanía se hubiese ahorrado gran parte de la escenificación plañidera que sustenta a su partido, actualmente desgajado en varios pedazos y rabiosamente enfrentado a sus socios de gobierno.
Con el horizonte de finales de enero o principios de febrero de 2021 como el más probable para la celebración de elecciones autonómicas, es hora de plantearse si Catalunya puede continuar desnortada, si se puede permitir más gesticulaciones o si, por el contrario, necesita sin más demora una buena dosis de acción y actuación legislativa, de toma de decisiones pensando en todas y cada una de las personas que la habitan. Y es que únicamente la solvencia del socialismo catalán es capaz de sacar del estancamiento, la desidia y el histrionismo a esta comunidad y a su ciudadanía necesitada de un timón que enderece el rumbo.