El Congreso de los Diputados rechaza las enmiendas a la totalidad de PP y Vox a la Proposición de Ley de Eutanasia del Grupo Parlamentario Socialista, una ley que, no obstante, continua su tramitación, y que María Luisa Carcedo, ex ministra de Sanidad, asegura que “debemos ser sensibles ante el dolor que están sufriendo muchas personas”
Hablamos de una proposición de ley que tiene la finalidad de hacer compatible “el derecho a la vida y a la dignidad, libertad y autonomía de la voluntad”, una propuesta que comenzaba su tramitación a principios de este año en el Congreso, y que detalla el proceder al derecho de una “buena muerte” que se somete a las enmiendas de los grupos, unas enmiendas que se han tumbado a la totalidad que han presentado el Partido Popular y Vox, y que en consiguiente, continua su tramitación en la Cámara Baja.
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista, María Luisa Carcedo, intervenía en la Cámara añadiendo unas palabras, “es la tercera vez que este debate se produce y se reproduce, mientras que miles de ciudadanos y ciudadanas españoles están sufriendo y están sufriendo en contra de su voluntad”, palabras con las que también ha querido aprovechar para referirse directamente a la derecha recalcando que, “no sigan poniendo trabas ni a la Ley de Cuidados Paliativos ni a la Ley de Eutanasia”.
Esta proposición de Ley establece el derecho a poder solicitar ayuda para morir a los ciudadanos españoles o residentes de nuestro país, que estén sufriendo o que posean una enfermedad incurable o grave, invalidante o crónica, que provoque en su cuerpo un dolor y sufrimiento “intolerable”. Un proceso de solicitud que se pretende que sea breve pero garantista, siendo el paciente el que daría el primer paso, ya que, sería el mismo el encargado de solicitar por escrito la activación del procedimiento en dos ocasiones, que estarían separados por 15 días entre ellos. Una vez realizado este proceso, y en un tiempo máximo de 48 horas, su médico valora si se cumplen o no los requisitos, facilitando verbalmente y por escrito al paciente, la información que debe de contener “su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como también, los posibles cuidados paliativos”. Tras este proceso, ya en un tiempo de 24 horas posteriores, es el paciente el que ya decide si mantiene o no la solicitud de llevar a cabo la eutanasia, que de ser afirmativo, un segundo médico, y en otro plazo de diez días daría un positivo o negativo a dicha solicitud en el caso de cumplir con los requisitos. Una vez dada la señal afirmativa de la solicitud, se tendría que comunicar a la Comisión de Evaluación y Control, para nombrar a dos personas más que ya elaborarían un informe que es el que serviría de guía órgano para decidir si finalmente el paciente se ajusta a las condiciones necesarias de llevar a cabo la eutanasia, que de ajustarse a ellas el paciente ya tomaría la decisión de como quiere fallecer por dos vías: a través de una sustancia para causar la muerte proporcionada por profesional sanitario, o por prescripción medica de la sustancia, que en este caso, es el propio paciente el que se la administra a sí mismo, pudiendo elegir, el centro sanitario, o su domicilio.
Asimismo, en cuanto a llevar a cabo la solicitud de la eutanasia, no se necesita ningún permiso médico, ya que el paciente tiene la decisión y libertad de decidir presentar esta petición, solo son los facultativos los que posteriormente intervienen en el proceso en cuanto a determinar si la persona en concreto reúne los requisitos o no, exigidos.
Esta proposición de ley recoge expresamente el derecho a al objeción de conciencia, en el que el profesional sanitario debe de recoger dicho derecho a través de un escrito de forma anticipada en el caso de que el paciente reúna las condiciones para proporcionarle la eutanasia, pero el profesional de llevar a cabo el proceso se niegue a realizarlo, pasando a formar parte de un registro de objetores a la práctica.
Hablamos de un derecho que el enfermo es el que tiene que solicitar por sus propios medios, de forma autónoma, anticipada e informada, para poder llevarse a término, y en el que, su fallecimiento sería computado como una muerte natural.
Por otro lado, la proposición continua generando polémica entre partidos, ya que, la exministra de Sanidad ha seguido haciendo declaraciones al respecto con palabras como, “vergüenza de formar parte de este pariré en el que nos enredamos y enredamos” haciendo alusiones directas a la bancada popular recalcando que, “lo que se presenta como texto alternativo no debe confundir el debate, porque no estamos en el objeto de debate una Ley de Cuidados Paliativos”, sino, “ante una Ley de eutanasia que regula un nuevo derecho”.
En ese sentido, Carcero ha señalado ese derecho como un derecho que se regula y que “no obliga a nadie”, por lo que, según la exministra, es algo garantista que contiene una seguridad jurídica, preservando, mediante la objeción de conciencia, valores y creencias de los médicos que deben atender a las personas que lo ejercen.
La diputada socialista no ha desaprovechado la ocasión y se ha preguntado también, el “por qué a la derecha le cuesta tanto admitir un nuevo derecho” con preguntas como, “¿por qué le cuesta tanto empatizar con el dolor y el sufrimiento de las personas?”.
Por último, Carcero no ha finalizado sin recordarle a los diputados del Partido Popular que “las encuestas dicen que la aceptación de la eutanasia se ha incrementado ya 30 puntos en los últimos 40 años, siendo esta aceptación transversal e independiente de la iedología”.