El Congreso de los Diputados derogó el Real Decreto Ley de medidas financiaras aplicables a las Entidades Locales por el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez había ideado un sistema legal para que los ayuntamientos pudieran utilizar sus remanentes de tesorería, unos 3.000 millones de euros, así como un fondo adicional del gobierno de 5.000 millones para hacer frente a las necesidades más urgentes ocasionadas por el coronavirus. En estos momentos, esas cantidades no se pueden tocar ya que lo impide la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Cristóbal Montoro y el artículo 135 de la Constitución. La votación en contra del mismo de todos los grupos de la cámara, dejaron solos al PSOE y a Unidas Podemos. La ministra de Hacienda María Jesús Montero, lamentó que se utilice a los ayuntamientos como “estrategia de confrontación con el Gobierno” y llama a los grupos de la oposición a que planteen “una solución viable para que las entidades locales puedan tener recursos adicionales para defender los intereses de sus ciudadanos”.
Como ya se prevería desde hace unas semanas, el Gobierno perdió en el Congreso de los Diputados una importante votación, la de convalidación del Real Decreto Ley de medidas financieras aplicables a las Entidades Locales. Algunos ven una derrota contundente del Ejecutivo de Pedro Sánchez al no poder convalidar su medida; otros creen que es una victoria de los alcaldes y de la oposición, pero lo cierto es que si hay alguien perjudicado esos son los ciudadanos de los más de 7.700 ayuntamientos que tienen en el banco dinero bloqueado que no pueden utilizar porque así lo impide la Ley de Estabilidad Presupuestaria de Cristóbal Montoro y el artículo 135 de la Constitución, reformado en 2012. Solo se puede encontrar un beneficiario del fracaso de esta negociación política: el sector bancario que se estima que recibe alrededor de 70 millones de euros en concepto de intereses al tener los remanentes de los ayuntamientos en sus cuentas, gracias a los intereses negativos del valor del dinero.
Uno de los principales escollos para el acuerdo era la situación en que quedaban aquellos municipios sin remanentes, unos 300 en toda España, entre los que se encuentran Zaragoza y Granada. El Gobierno quiso encauzar la negociación y a última hora ofreció un fondo adicional también para los ayuntamientos sin remanentes en función de la población, pero llegó tarde. Ahora, pide al resto de formaciones que votaron en contra que hagan sus propuestas para dar solución a la financiación local en esta situación de urgente necesidad.
La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió el Real Decreto ayer en el Congreso y lamentó que no saliera adelante porque “suponía una solución viable, un camino para que las entidades locales puedan hacer uso de sus remanentes de tesorería”.
Durante su intervención, la dirigente socialista destacó el papel protagonista que están llamados a tener los Ayuntamientos en esta etapa de reconstrucción y reactivación, porque son “las administraciones más cercanas a la gente” y por ello resaltó que las medidas incluidas en el Real Decreto permiten “mejorar los recursos de todas y cada una de las entidades locales, las que tienen las cuentas saneadas y las que no”.
Montero, quien lamentó que no se hayan presentado otras alternativas viables jurídica y constitucionalmente para solucionar el uso de los remanentes locales, denunció que “los que hablan de hurto o de confiscación para referirse a este mecanismo voluntario, lo que persiguen es el desgaste por el desgaste, hacer inutilidad de la política y no tener capacidad para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos”. “No podemos utilizar los ayuntamientos como ariete de la estrategia de confrontación que tiene la oposición con este Gobierno”, sentenció.
El Decreto quedó derogado con 156 votos favorables y 193 en contra. Este texto, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), establecía que las Entidades Locales que así lo deseasen constituirán voluntariamente un préstamo en favor de la Administración General del Estado por el total de sus remanentes de tesorería.
Además, el Ministerio de Hacienda proponía transferir 5.000 millones de euros a los ayuntamientos con remanentes para destinarlos a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural. Este real decreto-ley también eximía del cumplimiento de la regla de gasto en 2020 a las Entidades Locales.
Y ha recordado que el partido que lidera Pablo Casado “quiere abrir un frente disputa por todo”. “Desgraciadamente, hay quienes piensan que la pandemia o la situación es una oportunidad para hacer política de no propongo, no ayudo en nada. Me confronto con todo y espero que se convierta en algún titular”, ha cerrado la vicepresidenta.