Isabel Celaá, ministra de Educación y Formación Profesional, informó a la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, en una comparecencia a petición propia, del trabajo realizado por su departamento durante los últimos meses para preparar el nuevo inicio de curso. La titular de Educación hizo un llamamiento al resto de partidos para seguir trabajando de forma coordinada y con lealtad institucional. "El estado autonómico se basa en la distribución de competencias, la cooperación y colaboración entre las instituciones y la lealtad de todos los actores para que las políticas públicas sean eficaces y respondan a los desafíos que da día afrontan los españoles”, afirmó Celaá.

Celaá explicó que desde que fue declarado el Estado de Alarma debido a la pandemia por coronavirus, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha mantenido un total de 20 reuniones de coordinación interterritorial, incluidas seis Conferencias Sectoriales, siete Comisiones Generales de Educación, seis Comisiones de Formación Profesional y una Comisión de Personal, unas reuniones, en las que han participado todas las autonomías.

Asimismo, por iniciativa del MEFP, durante el transcurso de estas reuniones, se han ido incorporando importantes medidas para la finalización del curso anterior y la preparación del próximo. Unas medidas, que en el caso del curso pasado, se decidía así continuar el curso, adaptando las fechas y pruebas de acceso a la Universidad y a la Formación Profesional. Acordándose en abril, adaptar la evaluación, promoción y titulación. En mayo, el Ministerio propuso la reapertura prudente y controlada de los centros para realizar determinadas actividades, como los trámites administrativos y el apoyo para el alumnado más vulnerable.

En cuanto a las medidas desarrolladas durante el curso académico anterior, tanto para la reapertura de los centros, como para la celebración de las pruebas de acceso a la Universidad, el MEFP tramitó a las Comunidades Autónomas en mayo dos guías de recomendaciones higiénico-sanitarias y de seguridad elaboradas junto al Ministerio de Sanidad.

En la Conferencia Sectorial del 11 de junio, se adoptaba por unanimidad, y con la excepción de Madrid y el País Vasco, un documento que recogía acuerdos educativos presentados por el MEFP y que sentaba las bases comunes a todos de la organización del curso escolar 2020-21 en todo el país. Un documento en el que figuraba que el inicio se realizaría en las fechas habituales de septiembre, como está siendo el caso en la mayoría de las autonomías, y el cumplimiento del mínimo de 175 jornadas lectivas, también, la actividad lectiva presencial como principio general, la adaptación de las programaciones didácticas para recuperar los aprendizajes imprescindibles no alcanzados, la continuidad de los servicios de comedor, y el servicio de transporte escolar, y la reducción de los efectos de la brecha digital. Una reunión en la que también se facilitaba a las autonomías una guía de prevención, higiene y promoción de la salud frente al coronavirus, para centros educativos en el curso 2020-21, elaborada junto al Ministerio de Sanidad, con las medidas para una vuelta a las aulas segura, saludable y sostenible.

Hablamos de una guía que incluye medidas sanitarias para crear entornos escolares saludables y seguros, así como medidas para la detección precoz y gestión de casos, en la que, entre sus principios básicos están la limitación de los contactos, el mantenimiento de una distancia de seguridad de 1,5 metros o la creación de grupos estables de convivencia, la higiene de manos y la ventilación frecuente, incluyendo también, la recomendación de que cada centro disponga de una persona responsable para coordinar los aspectos relacionados con la pandemia.
La siguiente Sectorial, celebrada el pasado mes de julio, se expresaba la satisfacción por la culminación del curso y la realización de las pruebas de acceso a la universidad, pruebas que se celebraron de forma presencial con resultados similares a los de cursos anteriores, y que países como Italia y Francia renunciaron a celebrarse.

Una Sectorial en la que se presentaba el Plan de Modernización de la Formación Profesional, impulsado por el MEFP y dotado con casi 1.500 millones de euros a cuatro años, de los cuales 316 millones son para 2020. Un plan que contaba con las guías de medidas a partir de las que las Comunidades Autónomas empezaron a elaborar los planes y protocolos del nuevo inicio de curso, y que se actualizaban en la reunión del pasado 27 de agosto, ajustándolas a la situación actual de la pandemia, en el que se acordaban 23 medidas y cinco recomendaciones para el inicio del nuevo curso escolar. Unas medidas, en las que destacan el uso obligatorio de las mascarillas a partir de los 6 años, la actividad lectiva presencial, con prioridad para el alumnado de menor edad, servicios de comedor abiertos, apoyo lectivo para el alumnado más vulnerable, higiene de manos frecuente y meticulosa, la ventilación de las instalaciones y la toma de temperatura. Medidas que, a excepción de País Vasco, todas las autonomías han apoyado, y han ido sumándose a las modificaciones de las mismas, informando también, el Gobierno, de las formaciones a docentes que se irían realizando al inicio del nuevo curso en relación a la pandemia, una información protocolaría que los docentes se encargarían de transmitir a las familias.

La ministra Isabel Celaá, en colación con lo anterior, declaraba, ”en conclusión, como pueden ver sus Señorías, el nuevo curso escolar se está preparando desde mayo, se ha actualizado con los últimos datos para que sea plenamente eficaz cuando empiece el curso y se ha coordinado de forma estrecha entre los ministerios de Educación y de Formación Profesional y Sanidad, con las Comunidades Autónomas, alcanzando un acuerdo importantísimo”.

Por otro lado Ángel Gabilondo, portavoz del Grupo Parlamentario socialista, valoraba la semana pasada las medidas anunciadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, expresando su preocupación y alegando que “algunas medidas están hechas a última hora y con cierto aire de improvisación”, poniendo en duda también, el reparto y compra de ordenadores, o la contratación de profesorado, en cuanto a su nueva incorporación, un montón de dudas que no quiso dejar de expresar en cuanto a las medidas de Celaá para este nuevo curso escolar.

Finalmente la ministra también ha querido aprovechar también, para recordar que el Gobierno no solo ha desarrollado y propiciado acuerdos con criterios comunes, sino que ha llevado a cabo "un esfuerzo de financiación de la educación sin precedentes", ya que, de los 16.000 millones del fondo COVID, 2.000 millones estarán destinados a necesidades de financiación derivadas de las medidas de prevención acordadas, como la contratación de profesorado para refuerzos, apoyo y desdoble, o medidas de tutoría y acompañamiento. A esto sumando el incremento de un 22% en becas y ayudas al estudio para el curso 2020-21, los 1.498 millones para el Plan de Modernización de la Formación Profesional y los 40 millones de euros del programa de cooperación territorial PROA+ para el refuerzo escolar. Inversiones a las que también hay que sumar los 260 millones del programa Educa en Digital, una iniciativa conjunta del MEFP, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Red.es, cuyo objetivo es luchar contra la brecha digital, un programa que contempla una inversión de 260 millones de euros y prevé dotar a los centros con 500.000 dispositivos.