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Podemos acorralado por Vox y la derecha con causas judiciales que durarán meses
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(Foto: Europa Press)

Podemos acorralado por Vox y la derecha con causas judiciales que durarán meses

Podemos deberá responder por la situación de sus cuentas en una nueva causa judicial liderada por el ex abogado del partido

miércoles 12 de agosto de 2020, 14:01h

El titular del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla imputa, en calidad de investigados, a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación y responsable de las dos últimas campañas electorales de Podemos; a Rocío Esther Val, gerente del partido; a Daniel de Frutos, tesorero; y al propio partido, a raíz de la denuncia del ex abogado de la formación morada, José Manuel Calvente, despedido a finales del 2019 por un presunto acoso sexual que la justicia cerró por falta de acreditación. Se abre así un nuevo frente judicial para la formación que lidera Pablo Iglesias y que se suma a la causa abierta sobre el ‘Caso Dilma’. Ahora el partido morado permanecerá como implutado hasta finales de año, como mínimo, ya que el magistrado ha citado a declarar a los investigados la tercera semana de noviembre. Se trata de un caso que resulta sospechosamente parecido al que le costó el poder al PP: un extrabajador, en esta ocasión un asesor jurídico, que presenta pruebas y denuncia a sus excompañeros de, entre otros delitos, blanqueo de capitales, administración desleal, financiación ilegal, etc y que el juez ha agrupado como malversación de caudales públicos. Desde Podemos se defienden y acusan al Juzgado de hacer una “investigación prospectiva” por lo que ya ha recurrido y la Audiencia Provincial de Madrid tendrá que pronunciarse sobre dicha investigación.

Podemos y su líder Pablo Iglesias están viviendo una permanente tormenta judicial que se extenderá durante la segunda parte de este 2020 y que llevará a su cúpula financiera y dirigentes de campaña, a responder ante la justicia de numerosas acusaciones.

Aún con el ‘Caso Dilma’ sin cerrar, el partido que forma parte minoritaria de la coalición de Gobierno está ahora investigado por el juez Juan José Escalonilla de un posible delito de malversación de caudales públicos y ha llamado a declarar en la tercera semana de noviembre a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación, responsable de las dos últimas campañas electorales y miembro del Gabinete de la vicepresidencia segunda del Gobierno. Junto a él, deberán responder a las preguntas del juez Rocío Val, gerente; y Daniel de Frutos, tesorero.

Todo este entramado judicial, forma parte de una denuncia de José Manuel Calvente, el abogado del partido desde su fundación hasta que fue despedido a finales del año 2019, por discrepancias con la dirección de Iglesias, aunque la excusa fue un presunto caso de acoso sexual a una compañera, que fue desestimado judicialmente al no poder ser acreditado en los juzgados.

Calvente presentó una denuncia en la que acusa a sus excompañeros de blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos, allanamiento informático, administración desleal y financiación ilegal de partidos políticos. Ante esta denuncia, el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid que dirige Juan José Escalonilla decidió agrupar las presentas irregularidades bajo diligencias de ‘malversación de caudales públicos'. Este hecho permite que el juez haya admitido la personación de Vox, partido de extrema derecha y enemigo acérrimo del partido morado.

La denuncia se basa en la declaración del propio José Manuel Calvente que se realizó por videoconferencia el pasado 29 de julio. Ese día narró ante el juez unos hechos que atañen a una presunta ‘caja B’, denominada ‘caja de solidaridad’ que presuntamente se utilizaba para pagar sobresueldos; a la licitación de forma fraudulenta de las obras en la sede del partido; o de la contratación de empresas durante la campaña electoral de abril del año 2019. Y para rizar el rizo, también se denuncia el acceso ilegal al disco duro de la abogada del partido, Marta Flor, que la propia interesada no ha denunciado. Podemos ya ha pedido la declaración completa, pero para su sorpresa, de las tres horas largas de declaraciones el juzgado solo conserva los primeros 40 minutos.

El caso es sospechosamente parecido al que le costó al Partido Popular el Gobierno de España, el ‘caso Bárcenas’, y amenaza con convertirse en un largo serial de noticias judiciales que mantendrá a Podemos en una lucha judicial durante los próximos meses. Todas estas informaciones coincidirán con la moción de censura anunciada por Santiago Abascal y Vox para el próximo mes de septiembre. Por tanto, estamos ante un nuevo acoso al Gobierno con el único objetivo de desalojar del poder a la coalición del PSOE y de Podemos.

Pero el juez prosigue con sus investigaciones y ha pedido numerosa documentación entre la que se encuentra la identificación de la persona que solicitó 55.000 euros a la ‘caja de solidaridad’ de Podemos, los pagos realizados a las consultoras Neurona y ABD Europa LDA que prestaron sus servicios al partido para las elecciones; el registro mercantil de las sociedades en las que figure Juan Carlos Monedero; la normativa del partido sobre los sueldos, las nóminas de varios trabajadores; las facturas y tickets del caso; e incluso el testimonio del arquitecto que proyectó la reforma de la sede del partido en Madrid.

Podemos ha comenzado su defensa y ya ha presentado su escrito en el que recurre las decisiones de Juan José Escalonilla, al que acusa de querer abrir ‘una causa general’ contra su partido. Además, recuerdan que no es la primera vez que los tribunales investigan sus cuentas sin encontrar nunca nada punible.

La Audiencia Provincial de Madrid tendrá que pronunciarse sobre las investigaciones que para Podemos es una “investigación prospectiva” que le deja indefenso ante los tribunales. Los morados tienen claro que están ante un caso más mediático que jurídico, que las investigaciones se quedarán en nada y que sus contrincantes políticos utilizarán adecuadamente para atacar al partido que ahora ostenta cuatro ministerios y una vicepresidencia del Gobierno de España.

El recurso presentado por Podemos presenta dos argumentos fundamentales. Por una parte, lo abogados del partido de Pablo Iglesias se centran en la parte formal del asunto judicial. Consideran que los hechos denunciados por el ex abogado se basan en la documentación que el propio denunciante recopiló durante el tiempo en el que estuvo contratado “la documentación aportada por el denunciante habría sido obtenida vulnerando el deber de sigilo y confidencialidad que acarreaba el ejercicio de las funciones del cargo del denunciante”, aducen en el recurso. Además, añaden que el propio denunciante lo admite al decir que su intención fue “obtener, desde mi cargo, el mayor número de indicios y pruebas para esclarecer cualquier actividad contraria a la ley, a los fines del partido y a la reputación del mismo”. Para Podemos, el juez debió cerrar las diligencias y no admitir a trámite la denuncia.

El segundo argumento se centra en el contenido de la denuncia. Se centran en los pantallazos de Telegram que presenta Calvente y que sostienen que son trozos de conversaciones sacadas de contexto. Así, por ejemplo, Calvente denuncia que el procedimiento para remodelar la sede del partido fue irregular al hacerlo por el procedimiento de urgencia, pero los abogados de Podemos muestran la conversación completa en la que el propio ex abogado recomienda este procedimiento que ahora denuncia. “Fue él mismo el que preparó toda la documentación de la licitación, validando legalmente todo el proceso y proponiendo expresamente el mismo procedimiento de urgencia”, se lee en el escrito de recurso.

La batalla judicial, por tanto, está servida y promete convertirse en el tema político recurrente tras el parón veraniego. En Podemos consideran que el panorama judicial será parecido al que se abrió en 2015 y 2016 cuando la prensa publicaba día tras día informaciones sobre una supuesta financiación ilegal del partido por parte de Venezuela e Irán y que nunca fue demostrado ante la justicia.

PARTIDO POPULAR Y VOX PIDEN YA EXPLICACIONES A PODEMOS

Tanto el Partido Popular como Vox ya piden explicaciones a la formación de Pablo Iglesias por estos temas judiciales. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, pidió este martes que Pablo Iglesias debía ya aclarar “si estaba al tanto” de la presunta financiación irregular de su partido y acusó al vicepresidente de “estar acorralado” por los escándalos. “Lo que tiene que responder Pablo Iglesias es si sabía de esa financiación ilegal y para eso lo que tiene que hacer es no perder ni un minuto más, salir del escondite y atender a los medios de comunicación”.

La ultraderecha de Vox, que además se ha personado como acusación particular, va más allá y pide que los miembros del Gobierno salgan ya del Gobierno “no pueden permanecer un minuto más”. Además, adelantan sus intenciones y suman a la ya anunciada moción de censura, movilizaciones callejeras para protestar “ante los corruptos y amigos de los separatistas y narcodictadores. Nos vemos en el Congreso, en las calles y en los tribunales”.

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