El gobierno publicaba el 4 de agosto en el Boletín Oficial del Estado mediante el Real Decreto-ley 27/2020 de medidas financiares, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, la aprobación de un fondo de 275 millones de euros para la financiación del déficit extraordinario de los servicios públicos, que prestan las entidades locales, motivado por las medidas adoptadas durante el confinamiento para hacer frente a la crisis sanitaria por COVID-19.

Un fondo que pretende garantizar la continuidad de la prestación de un servicio público esencial para la ciudadanía, así como también, la viabilidad del tejido empresarial necesario para su prestación, incluidos los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, comprendidas las diputaciones forales, los consejos y los cabildos insulares que presten servicios de transporte público. Hablamos de un déficit cubierto por este fondo que será el que se haya producido durante el período de estado de alarma y el que se produzca hasta finales de 2020, como consecuencia de la reducción extraordinaria de los ingresos asociados a la venta de billetes, reducción motivada por la drástica reducción de la demanda, así como por los costes extraordinarios causados por las medidas de prevención, limpieza y desinfección y por la limitación de la ocupación de los vehículos por motivos sanitarios.

Asimismo, la asignación de la financiación correspondiente a cada entidad local se determinará de una forma transparente y en base a criterios objetivos establecidos el propio texto normativo, estimando el déficit extraordinario en el transporte público local como un porcentaje de la cuantía de los ingresos por tarifa de un año tipo, considerándose como tal el año 2018, un modelo que será, similar al aplicado para la financiación del déficit extraordinario del transporte público de financiación y titularidad autonómica, en el que resultarán beneficiadas aproximadamente 360 entidades locales.

Un fondo gestionado por MITMA, ampliable hasta los 400 millones de euros si los certificados emitidos por las intervenciones locales evidenciaran que el importe inicialmente asignado resulta insuficiente para paliar los efectos en el transporte público local derivados de la crisis sanitaria.