El Govern anunciaba este domingo 12 de julio un endurecimiento de las medidas de prevención para frenar la expansión del coronavirus. Decretaba así el confinamiento parcial en Lleida ciudad y otras siete poblaciones de la comarca del Segrià. Una medida que debía entrar en vigor a partir de este lunes, pero que el Juzgado de Guardia de Lleida ha decidido no ratificar. La resolución señala que para restringir el movimiento es necesario declarar el Estado de Alarma, una competencia del Gobierno central. Por su parte, la consejera de Salud de la Generalitat, ha manifestado este lunes que buscarán la fórmula jurídica para aplicar dicho confinamiento.
El consejero de Interior, Miquel Bunch, y la consejera de Salud, Alba Vergés, anunciaban en una rueda de prensa celebrada en la tarde del domingo nuevas medidas para frenar los rebrotes de Covid-19 en la provincia de Lleida. “A partir de las 00.00 de hoy 13 de julio queda prohibida toda entrada y salida a los municipios de Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, La Granja d"Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses y Torres de Segre; y las entidades municipales descentralizadas de Sucs y Raimat ". Una medida que obligaba a más de 150.000 personas a permanecer en casa con la excepción de ir a trabajar o de realizar desplazamientos esenciales.
Sin embargo, la decisión de la Generalitat no ha podido llevarse a término. Esta madrugada, el Juzgado de Guardia de Lleida ha decidido no ratificar el confinamiento. La resolución señala que el documento presentado parece “una copia” de la declaración del Estado de Alarma. La jueza responsable ha recalcado que esta “es una competencia estatal” que “se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso de los Diputados”. Por su parte, la Fiscalía habría enviado, antes de la decisión, un escrito oponiéndose a la ratificación del confinamiento parcial de Lleida y otros siete municipios.
El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha declarado que no se puede esperar 15 días para poner en marcha medidas que frenen el contagio. Y ha calificado como una “mala decisión judicial” la cancelación de las medidas de confinamiento. A lo largo de la mañana, Aragonès va a comparecer junto con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para analizar la situación y estudiar las posibles vías legales.
Horas antes de que la jueza decidiera no ratificar la medida, cientos de personas se congregaban en la plaza Ricard Vinyes de Lleida para protestar. Entre los manifestantes se encontraban los presidentes de Eje Comercial y Zona Alta, las dos asociaciones de comerciantes más importantes de Lleida. Los congregados han pedido la dimisión del presidente de la Generalit y la del alcalde de Lleida, Miquel Pueyo.